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Cada año, los equipos dedicados a la protección ambiental en Cali enfrentan una enorme tarea: rescatar a cientos de animales silvestres que han sido extraídos de sus hábitats naturales, bien sea por el tráfico ilegal o porque particulares los toman para tenerlos como mascotas. De acuerdo con información del diario Noticiero 90 Minutos, este problema no se limita a redes delictivas; la manipulación de crías, el retiro de ejemplares de su entorno y el intento de domesticarlos son conductas extendidas que profundizan el daño a la biodiversidad regional.
Las especies más afectadas en el Valle del Cauca son guacamayas, loros cabeza azul, monos capuchinos y tortugas de río. Todas ellas se enfrentan a altos índices de estrés, lesiones físicas y en muchos casos a la pérdida de destrezas necesarias para sobrevivir. Este panorama se refleja en el número de atenciones practicadas en lo corrido del año. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), más de 3.200 animales han sido rescatados. Muchos llegan con alteraciones graves en su comportamiento, lesiones o incapacidad para reconocer amenazas, volar o cazar.
El proceso de rehabilitación que lideran veterinarios, biólogos y especialistas en fauna silvestre se adapta a las condiciones de cada animal. Gustavo Trujillo, director de Gestión Ambiental del DAGMA, sostiene que el objetivo es propiciar el regreso de las especies a sus hábitos naturales. Sin embargo, no siempre lo logran a plenitud; los ejemplares con décadas en cautiverio difícilmente consiguen readaptarse a la vida silvestre. De los animales recuperados este año, 1.389 han regresado a su entorno, mientras que el resto permanece bajo tratamiento especializado.
Cuando la recuperación es lenta o se identifican daños profundos, los animales son remitidos a instituciones con mayor capacidad, como el Zoológico de Cali. Allí, como señaló Dave Wehdeking, gerente de la entidad, los equipos enfrentan retos médicos, nutricionales y de comportamiento sumamente complejos. Antes de tomar cualquier decisión, los ejemplares cumplen un periodo de cuarentena, durante el cual los profesionales evalúan su salud y definen estrategias integrales para su atención.
A pesar del fuerte compromiso institucional, las capacidades de estos centros son insuficientes para atender todos los casos, pues solo el 45% de los animales del zoológico recibe algún tipo de proceso de recuperación. En estos escenarios se recurre al enriquecimiento animal, una serie de técnicas descritas por la bióloga Daniela Cruz para reactivar conductas naturales incluso en ambientes artificiales. Sin embargo, no todos los recuperados pueden volver a la naturaleza; más de 400 animales continúan de forma permanente en el hogar de paso del DAGMA y apenas 14 han sido trasladados a otros refugios o zoológicos.
El impacto del tráfico ilegal queda evidenciado en cifras devastadoras: por cada animal que llega a manos de una persona, diez mueren durante el proceso, según el balance presentado por Noticiero 90 Minutos. Ante este escenario, los especialistas subrayan que ningún recinto puede igualar la calidad de vida que ofrecen los ecosistemas naturales. Cuando la readaptación se vuelve imposible, la eutanasia se convierte en la última opción, reservada únicamente para los casos más extremos de sufrimiento animal.
¿Qué sucede con los animales que no pueden ser devueltos a la vida silvestre?
Un aspecto relevante de la problemática de rescate y rehabilitación es el destino de aquellos ejemplares que, debido a lesiones irreversibles o pérdida absoluta de habilidades, no logran ser reincorporados a su hábitat natural. La mayor parte permanece en hogares de paso o instituciones especializadas, donde reciben cuidados permanentes pero enfrentan limitaciones de espacio, presupuesto y posibilidad de desarrollar comportamientos propios de su especie.
Estos animales dependen de la intervención humana durante el resto de su vida y, aunque se aplican técnicas de enriquecimiento ambiental, su calidad de vida queda comprometida. Este dilema ético abre preguntas sobre la responsabilidad social frente al tráfico ilegal y la capacidad real de los centros de rehabilitación para responder a una crisis que supera su infraestructura y recursos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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