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En febrero, el Ministerio de Salud organizó un evento en la Plaza de Bolívar, Bogotá, que llamó la atención nacional al reunir una fila de ambulancias frente a la Catedral Primada y a funcionarios uniformados en un despliegue poco habitual para esta entidad. Al día siguiente, la misma infraestructura fue utilizada para el cierre de campaña legislativa del Pacto Histórico, liderado por Iván Cepeda y otros congresistas. Tanto la tarima como el sonido, las vallas y la logística coincidieron completamente en ambos días, lo que provocó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines políticos.
La controversia se intensificó al conocerse detalles del contrato mediante el cual el Ministerio de Salud pagó la renta de la tarima y otros servicios por dos días consecutivos, situación expuesta por el representante electo Daniel Briceño, del partido Centro Democrático. Si bien, desde la cartera ministerial se aseguró que se trataba de contratos distintos, el análisis del contrato mostró bienes y servicios como pantallas, luces y la propia tarima, alquilados para más de una jornada. El monto pagado por el Ministerio ascendió a $1.036.597.429 millones de pesos, cifra que fue inicialmente revelada por una denuncia del senador electo Andrés Forero.
Las justificaciones oficiales indicaron que la campaña del Pacto Histórico financió su evento a través de un préstamo de la cooperativa Confiar, y que los pagos fueron realizados en efectivo debido a dificultades operativas de la cooperativa para transferir sumas grandes de manera digital. María Fernanda Carrascal, cabeza de lista por Bogotá, aportó una factura por $568 millones que respalda la producción del evento “Pacto Fest”, cancelado por César Giovanny Abadía Rojas, gerente de campaña y exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante Susana Boreal.
No obstante, Briceño argumentó con base en la ley 1415 de 2011 que los recursos de campaña deben ser gestionados desde una cuenta bancaria única, señalando que la erogación de $478 millones en efectivo constituye una posible violación de las normas electorales. Además, resaltó la falta de pronunciamiento por parte del procurador Gregorio Eljach y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ante lo que define como uso indebido de fondos públicos en actividades políticas.
El evento “Pacto Fest” —de acceso gratuito y con la participación de cerca de 30 artistas— no logró llenar por completo la plaza en ningún momento, según testimonios recogidos por el periódico El Colombiano. Entre los cambios visibles entre ambos eventos estuvieron la presencia de banderas, publicidad política y fotografías de candidatos junto al presidente Gustavo Petro. Además, el costo y dimensión de estos eventos añadieron presión a un sistema de salud ya sobrecargado y en un contexto de crisis económica nacional, como se ha detallado en reiteradas investigaciones de este diario.
Las irregularidades detectadas no terminan ahí. A nivel nacional han surgido patrones similares, donde otras entidades gubernamentales celebran contratos millonarios en la antesala de la Ley de Garantías Electorales, argumentando la organización de “eventos institucionales” que, en realidad, han servido de plataforma para actos proselitistas, sumando decenas de “tarimazos” en diferentes regiones del país.
El rastreo financiero realizado a través de la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral expuso que, en el caso de Iván Cepeda, se reportaron $609.399.000 bajo el rubro de propaganda electoral por parte de Samat Publicidad S.A.S., presentado formalmente como un crédito, aunque se divulgó como una donación, lo que suma nuevas dudas sobre la transparencia del manejo de fondos en estas campañas.
¿Qué significa la ley de garantías electorales en Colombia y por qué es relevante en este contexto?
La ley de garantías electorales es un marco normativo colombiano que regula la conducta de los servidores públicos y limita la contratación estatal en tiempos electorales, con el objetivo de evitar que los recursos públicos sean usados para favorecer campañas o influir en los resultados de las elecciones. Ante la proximidad de los comicios, esta ley cobra especial importancia, ya que busca impedir que los funcionarios utilicen su posición o el presupuesto estatal para apoyar aspiraciones políticas de cualquier corriente o partido.
En el caso descrito, la sospecha de que recursos del Ministerio de Salud y de otras entidades hayan sido canalizados o compartidos para eventos ligados a la campaña del Pacto Histórico pone de relieve la importancia de la ley. Si se comprueba que hubo una violación de estas normas, el impacto no solo sería legal sino también ético, erosionando la confianza pública en la neutralidad estatal y la equidad del proceso democrático, elementos fundamentales en toda sociedad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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