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La Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior anunciaron recientemente que no se cuentan con los vehículos blindados suficientes para garantizar la seguridad de los precandidatos presidenciales en el país en vísperas del año electoral 2026.
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El anuncio se dio a conocer tras el reciente Comité de Coordinación y Recomendaciones de Medidas de Protección en el Proceso Electoral. Según se informó, por lo menos 64 precandidatos presidenciales han solicitado medidas de protección y vehículos blindados a la unidad para trasladarse a diferentes territorios en el marco de sus campañas. Esta situación refleja una creciente preocupación por la seguridad en el contexto electoral y la necesidad urgente de recursos que permitan brindar garantías mínimas a quienes participan en la contienda presidencial.
Pese a la alta demanda de protección, la entidad dio a conocer, a través de su director, Augusto Rodríguez, que solamente se han podido conseguir 83 vehículos blindados y otros 33 convencionales. No obstante, este número sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del requerimiento actual. A pesar de los esfuerzos realizados para ampliar el parque automotor destinado a la protección de líderes políticos, los recursos siguen siendo limitados, lo que genera una brecha entre la demanda de seguridad y la capacidad operativa de la UNP.
De cara a esta falta de vehículos, el Gobierno Nacional ha intentado hacer una licitación para adquirir nuevos autos que cumplan con estas características. Sin embargo, las convocatorias realizadas han resultado, en su mayoría, desiertas. Según lo explicado por Rodríguez, “la UNP tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales y, para eso, en cualquiera de las dos categorías, se ubicó cuatro grupos: en cuanto a los convencionales todos resultaron desiertos y para los vehículos blindados solamente hubo una adjudicación. (…) Esto nos pone una dificultad en la medida en que no hay vehículos disponibles”. La escasa participación en los procesos de licitación ha generado un cuello de botella en el aprovisionamiento de vehículos necesarios para cubrir las solicitudes.
Frente a esta situación, el director Augusto Rodríguez ha señalado que se buscan alternativas diferentes para corresponder a esta necesidad, pues no hay oferta para tanta demanda. Una de las principales medidas que se estarían considerando consiste en establecer nuevos convenios con países vecinos, con el objetivo de traer camionetas blindadas nuevas que permitan hacer frente a esta creciente necesidad. Estas gestiones buscan ampliar las fuentes de aprovisionamiento y sortear las limitaciones que han enfrentado los procesos de compra nacionales.
Otra de las alternativas contempladas por la entidad consiste en establecer una diferenciación según el tipo de riesgo que presente cada uno de los precandidatos que han solicitado protección ante la UNP. Para aquellos que sean clasificados dentro de un nivel de riesgo considerado como “ligero”, se tiene previsto implementar un sistema de protección básico. Este esquema consistiría en el acompañamiento de un escolta y la asignación de recursos que permitan garantizar un transporte ágil y seguro para el precandidato solicitante, sin requerir necesariamente el uso de vehículos blindados. Con ello, se busca optimizar los recursos disponibles y garantizar un uso eficiente de los vehículos blindados, priorizando aquellos casos que representen un riesgo más elevado.
Esta estrategia de priorización por nivel de riesgo se perfila como una de las herramientas clave para enfrentar las limitaciones actuales, mientras se continúan explorando soluciones de mediano y largo plazo para robustecer el sistema de protección electoral en el país.
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