La muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida dos meses después de sufrir un atentado en Bogotá, sigue despertando cuestionamientos sobre las garantías que tuvo su esquema de seguridad. Las más recientes declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, reavivaron el debate al exponer fallas y decisiones internas el día del ataque.
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Rodríguez, cercano al presidente Gustavo Petro, explicó que el 7 de junio, durante un acto político en un parque de Modelia, Uribe contaba con solo tres hombres de seguridad, dos de ellos policías. Los demás miembros del esquema estaban fuera de servicio. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, ha insistido en que no hubo medidas de contención ni control de asistentes, y que en videos de seguridad se ve al candidato entrando solo o acompañado por un único escolta.
“Lamentables coincidencias” y dispersión del esquema
El director de la UNP indicó que la distribución de personal ese día fue resultado de “lamentables coincidencias” en la coordinación del jefe del esquema, integrante de la Policía. “Había unas personas que estaban trasnochadas del día anterior y otras que se quedaron cuidando a su núcleo familiar”, afirmó.
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Rodríguez aclaró que el protocolo establece priorizar la protección del “protegido principal” y luego la de su familia, pero en este caso se dispersó el esquema, lo que dejó vacíos de seguridad. Una revisión interna confirmó que los agentes contaban con el armamento, munición y vehículos adecuados, aunque se investiga la descoordinación operativa.
Actividades no notificadas y críticas a la UNP
Según el funcionario, el día del atentado el senador había terminado su agenda a las 3:00 a. m. y varios escoltas se retiraron a descansar. El integrante de la UNP encargado del traslado regresó a las 2:00 p. m. para recogerlo y llevarlo a otra actividad que —según Rodríguez— no había sido reportada ni coordinada con la UNP ni con la Policía.
Pese a esta versión, el abogado Víctor Mosquera y el partido Centro Democrático han acusado a la UNP de negligencia, señalando que se ignoraron al menos 20 solicitudes de refuerzo de seguridad hechas por Uribe. Incluso, existe una denuncia penal contra Rodríguez por presunta omisión en el cumplimiento de su deber de protección.
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