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El Consejo Gremial Nacional radicó este martes una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se decrete la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio colombiano.
El documento, fechado en Bogotá el 13 de enero de 2026, fue dirigido al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y corresponde a una petición para que se proponga a la Sala Plena la suspensión provisional del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, norma que dio origen a la declaratoria de emergencia.
En el escrito, el presidente y representante legal del Consejo Gremial Nacional, Camilo Armando Sánchez Ortega, solicita que, en caso de prosperar la medida cautelar, la suspensión se extienda también a los decretos legislativos que el Gobierno expida con fundamento en la declaratoria de emergencia.
“Me permito solicitar a Usted proponer a la Honorable Corte Constitucional, la suspensión provisional del Decreto 1390, de 22 de diciembre de 2025, mediante el cual, el Gobierno Nacional declara el Estado de Emergencia Económica”, señala el documento radicado ante el alto tribunal.
El Consejo Gremial argumenta que la eventual suspensión provisional del decreto de emergencia tendría como efecto impedir que continúe la expedición de normas al amparo de los poderes excepcionales mientras la Corte adopta una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
“Solicito a Usted proponer a la Corte Constitucional que, en caso de que se considere pertinente suspender provisionalmente los efectos del decreto de la referencia, suspenda también, de forma provisional, los efectos de todos los decretos legislativos que el Gobierno Nacional expida con fundamento en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica”, indica el texto.
En el documento, el gremio sostiene que la suspensión provisional busca evitar que se afecten principios constitucionales mientras se surte el control automático de constitucionalidad que corresponde a la Corte.
“La suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025 implica que es necesaria para impedir que el uso abusivo de los poderes de excepción socave el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes”, se lee en la solicitud.
El Consejo Gremial también plantea que, de mantenerse vigente el decreto mientras se define su exequibilidad, se podrían generar efectos jurídicos y económicos que posteriormente resultarían difíciles de revertir.
“Asimismo, dejaría sin fundamento efectivo la validez de los decretos legislativos que el Gobierno Nacional expida con base en el Decreto 1390 de 2025”, agrega el escrito.
En los apartados finales del documento, el gremio hace referencia al principio de proporcionalidad y sostiene que la suspensión provisional no afectaría el funcionamiento del sistema democrático.
“Según la Corte Constitucional, en este estadio, el principio de proporcionalidad en sentido estricto implica que los beneficios que derivan de la suspensión provisional sean mayores a las desventajas que se generan para el principio democrático”, señala el texto.
En ese mismo sentido, el Consejo Gremial afirma que la suspensión provisional no generaría desventajas para el orden constitucional, y que, por el contrario, permitiría preservar principios como la separación de poderes y la legalidad tributaria mientras se adopta una decisión de fondo.
“Cualquier desventaja marginal que eventualmente pueda generar la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, es ampliamente compensada por las grandes ventajas que ella representa”, concluye el documento.
Finalmente, el Consejo Gremial solicitó que la suspensión provisional sea propuesta por alguno de los magistrados y decretada por la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional, hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre la exequibilidad o inexequibilidad del decreto de emergencia.
“Me permito solicitar al Honorable Magistrado que proponga que la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional suspenda, de manera provisional, los efectos del Decreto 1390 de 2025, hasta que la Corte adopte una decisión definitiva”, señala el cierre del escrito.
La Corte Constitucional deberá definir si acoge la solicitud y si procede la adopción de una medida cautelar mientras avanza el estudio de constitucionalidad del decreto que declaró la Emergencia Económica.
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