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Los recientes hechos de violencia en el barrio Altos de Parrantial han conmocionado a la población de La Guajira, luego de que cinco personas fueran asesinadas y dos más resultaran heridas en un ataque armado perpetrado por desconocidos que arribaron al lugar en una camioneta de alta gama. Según informó Indepaz, los atacantes descendieron del vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente contra un grupo de personas, dejando a las víctimas fatales en el sitio y provocando el traslado inmediato de los heridos a centros médicos del municipio.
Este trágico evento, señalado por Indepaz como la cuarta masacre en Colombia en el año 2026, se suma a un contexto nacional marcado por la persistencia de la violencia armada que afecta principalmente a la población civil. A modo de referencia, durante 2025 se documentaron al menos 78 masacres en el país, cifra que evidencia la magnitud del problema según los registros recopilados por esta organización.
Las víctimas de la masacre han sido identificadas como Eider Cantillo (33 años), Janer Bustamante (23), Alex Mendoza (25), Jean Carlos Meza Estrada (27) y Víctor Manuel Jurado Maza (32), cuyos nombres aportan un rostro humano a la dolorosa estadística que sigue en aumento en territorios como La Guajira.
Según las indagaciones de Indepaz, la región donde sucedió el ataque es escenario de la presencia de múltiples grupos armados, entre los que destacan el Clan del Golfo —considerado la organización criminal más importante de Colombia—, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y diversas bandas de carácter local. Esta confluencia de actores armados contribuye a la complejidad de la situación y dificulta la implementación de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
La información sobre este hecho fue revelada por Crónica del Quindio, medio que ha mantenido seguimiento a las dinámicas de violencia que afectan a distintas regiones del país. La publicación destaca la continuidad de los ataques contra civiles y resalta la urgencia de intervenciones que permitan dar respuesta a este tipo de hechos, así como profundizar en las causas estructurales que sostienen la violencia en zonas como La Guajira.
En este contexto, la inquietud sobre la seguridad y las garantías de supervivencia para las comunidades se mantiene vigente, especialmente cuando hechos como el secuestro de policías en el Catatumbo —según otra denuncia reciente del Ejército de Liberación Nacional— ilustran la gravedad y el alcance del conflicto armado en Colombia. Tanto los relatos de las víctimas como los datos aportados por organizaciones como Indepaz se convierten, así, en un llamado urgente a la reflexión y la acción estatal.
Frente a la continuidad de la violencia armada y la multiplicidad de actores presentes en la región, surgen preguntas sobre la capacidad de las instituciones para frenar estos episodios y garantizar justicia para las víctimas. ¿Qué medidas concretas están tomando las autoridades para restablecer la seguridad en La Guajira y proteger a sus habitantes?
Esta cuestión resulta particularmente relevante considerando que, como indica el historial de masacres, los ciclos de violencia tienden a repetirse en zonas donde coexisten varios grupos armados ilegales. Conocer las estrategias implementadas por el Estado y evaluar su impacto es esencial para comprender el panorama de seguridad y el futuro de comunidades afectadas como Altos de Parrantial. La respuesta a esta pregunta permitirá no solo dimensionar el alcance de las acciones estatales, sino también identificar los desafíos pendientes en la búsqueda de la paz y la justicia regional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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