La designación del ‘Clan del Golfo’ por parte de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y como Organización Terrorista Global Especialmente Designada implica consecuencias legales y financieras muy severas.
Esta medida permite el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, prohíbe cualquier tipo de apoyo material o financiero y convierte en delito cualquier transacción con personas o entidades vinculadas al grupo.
Además, refuerza la cooperación internacional para perseguir a sus integrantes y redes de apoyo, convirtiéndose en una de las herramientas más duras de Washington para aislar organizaciones criminales transnacionales.
Según el Departamento de Estado, el ‘Clan del Golfo’ financia su accionar violento mediante el narcotráfico y es responsable de ataques contra funcionarios públicos, fuerza pública y civiles en Colombia.
Con esta decisión, ya son cuatro los grupos armados colombianos catalogados como terroristas por Estados Unidos. La medida complica los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro en su política de ‘paz total’, pues limita los márgenes legales para negociar, mediar o verificar acuerdos con este grupo.
Aunque existen precedentes como el proceso de paz con las Farc, el contexto actual es distinto debido a la postura más dura de la administración Trump frente al narcotráfico y el terrorismo.
El ‘Clan del Golfo’, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, sigue siendo la mayor organización criminal armada del país, con amplia presencia territorial y capacidad operativa, lo que representa un gran desafío para la seguridad y la paz en Colombia.
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