La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a mover su estrategia jurídica. Según informó Semana, la creadora de contenido radicó una nueva tutela en la que pide que se protejan sus derechos fundamentales, al considerar que fueron vulnerados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención.
De acuerdo con el medio citado, la tutela fue admitida por la Sala Civil de la Corte Suprema, bajo la ponencia de la magistrada Hilda González Neira. La Corte ordenó la recolección de conceptos para decidir en los próximos días si concede o no el amparo que busca la defensa de Barrera.
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La empresaria argumentó que no se valoró su condición de madre cabeza de familia ni el hecho de haber reparado económicamente a las víctimas reconocidas en el expediente. Para su defensa, esta omisión vulnera los derechos al debido proceso, a la igualdad y al principio de favorabilidad.
Actualmente, la joven se encuentra recluida en una guarnición militar en Bogotá, tras haber pasado siete meses en la cárcel El Buen Pastor y con la tutela su defensa espera que se le otorgue la libertad definitiva.
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Nuevo acuerdo entre ‘Epa Colombia’ y Transmilenio
Cabe recordar que el recurso se presentó días después de conocerse el acuerdo entre ‘Epa Colombia’ y Transmilenio, la entidad más afectada por los daños ocasionados en la estación Molinos durante una protesta en 2019. En ese pacto, formalizado el 18 de septiembre, se estableció una reparación por 467 millones de pesos que combina componentes económicos, simbólicos y de justicia restaurativa.
Entre los compromisos figuran el pago de 100 millones de pesos en efectivo, la participación en actividades pedagógicas, la producción de videos educativos sobre el cuidado del sistema y la prestación de servicio social en estaciones y troncales. Transmilenio resaltó que el acuerdo busca no solo la reparación material, sino también la reconstrucción del tejido social.
‘Epa Colombia’ fue condenada por daño en bien ajeno agravado, perturbación en transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, cargos que aceptó en un preacuerdo. Por este último delito, la Corte Suprema negó beneficios, lo que hace más complejo su camino jurídico.
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