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El 29 de agosto, la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a un trabajador realizando labores de mantenimiento sin ningún tipo de arnés o equipo de seguridad en la fachada de un edificio a la altura del quinto piso en Valledupar, ha desatado una seria preocupación sobre las condiciones de seguridad laboral en la propiedad horizontal. El hecho ha puesto en el centro del debate la ejecución de trabajos en alturas sin acatar las normativas impuestas, revelando también la insuficiencia de medidas preventivas y la negligencia de algunos administradores.
Según Tiler Tamayo Rojas, encargado de la Gestión de Riesgo en Valledupar, la administración de estas propiedades tiene el deber legal de asegurar que todos los trabajos cumplan rigurosamente con las normas de seguridad. Tamayo resalta la importancia de un programa de mantenimiento documentado, que defina claramente los procedimientos y brinde garantía tanto al trabajador como a quienes residen en el lugar. Además, reconoce que, aunque se ha avanzado en exigir a los conjuntos residenciales la implementación de planes de Gestión de Riesgos y Desastres, el nivel de cumplimiento sigue siendo apenas parcial, por lo que la vigilancia acompañada de profesionales es fundamental para fomentar una cultura preventiva, según afirmó para El Pilón.
Desde el ámbito jurídico, Karyling Barranco, especialista en Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, enfatiza que la responsabilidad principal recae en la administración del edificio, conforme a lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Ley 675 de 2001 en Colombia. La ley exige administrar con diligencia, lo que implica adoptar todas las medidas que garanticen la seguridad en las áreas comunes, protegiendo así no solo a los copropietarios sino también a terceros, incluyendo trabajadores externos. Barranco advierte además que la falta de una reglamentación clara y de órganos de control especializados en propiedad horizontal, debilita la capacidad de prevención y control de estos incidentes.
Asimismo, Barranco señala que en ocasiones los consejos de administración presionan para contratar servicios a bajo costo, sacrificando requisitos legales y técnicos necesarios, aunque la responsabilidad ética y legal impone que los administradores eviten acuerdos inseguros. Este hecho revela brechas preocupantes en la cultura organizacional y acentúa la necesidad de una vigilancia más estricta.
La situación refleja los riesgos diarios que experimentan los trabajadores en el sector residencial colombiano. De acuerdo con información del Ministerio del Trabajo y del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes en trabajos de altura representan una de las principales causas de lesiones graves y muertes laborales. En 2023, se reportó que el 34% de los accidentes mortales en el contexto de construcción y mantenimiento se debió a la ausencia o mal uso de arneses y sistemas anticaídas (Ministerio del Trabajo, 2023).
Esta problemática contrasta con la legislación de países como España y Chile, donde no solo se exige que los trabajadores reciban capacitación específica y utilicen equipos certificados, sino que además existen sanciones severas en caso de incumplimiento, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022). En Colombia, aunque la normativa existe, la fiscalización suele ser insuficiente, perpetuando un ambiente de riesgo en el sector residencial.
Expertos en gestión de riesgos recomiendan la capacitación permanente de administradores y consejos de administración, la revisión exhaustiva en los procesos de contratación y la promoción de una cultura que priorice la seguridad. La reciente intervención de la Alcaldía de Valledupar constituye apenas un primer paso en la ruta hacia una protección integral de la vida y la integridad en las propiedades horizontales.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los trabajos en altura y por qué requieren medidas de seguridad especiales?
Los trabajos en altura son aquellas labores que se realizan a una distancia superior de dos metros respecto al nivel del suelo y que, por su naturaleza, implican un riesgo significativo de caídas. Entre ellos se encuentran actividades como limpieza o mantenimiento de fachadas, instalación de ventanas o reparación de techos. Estos trabajos requieren un protocolo especial de seguridad, pues constituyen una de las principales fuentes de accidentes con consecuencia fatal en el entorno laboral colombiano. La normativa vigente, tanto en Colombia como en otros países, exige equipos de protección personal como arneses y sistemas anticaídas, además de capacitación previa, para mitigar estos riesgos y preservar la integridad del trabajador.
La importancia de cumplir estos requerimientos radica en que, según el Ministerio del Trabajo, la mayoría de los accidentes fatales en el sector se deben a la falta de cultura preventiva y a la omisión de protocolos de seguridad. Frente a ello, las autoridades recomiendan periódicamente auditorías de seguridad y una capacitación continua para evitar la repetición de incidentes.
¿Qué dice la Ley 675 de 2001 sobre la responsabilidad de las administraciones en la propiedad horizontal?
La Ley 675 de 2001 es la norma que regula la propiedad horizontal en Colombia, estableciendo los deberes y competencias de los órganos como la administración y los consejos. Según sus artículos 50 y 51, corresponde a la administración gestionar con diligencia el bienestar y la seguridad de propietarios, residentes y terceros en las áreas comunes. Esto incluye la obligación de velar porque los trabajos de mantenimiento o reparación se realicen bajo condiciones seguras y cumpliendo los protocolos nacionales vigentes.
Esta ley es relevante, pues define con claridad las responsabilidades legales y la cadena de decisiones frente a la contratación de servicios. El desconocimiento o el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones civiles y administrativas, enfatizando la necesidad de una gestión profesional y preventiva en la administración de conjuntos residenciales.
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