Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 7, 2026 - 12:36 pm
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La Procuraduría General de la Nación, máximo ente disciplinario en Colombia, ratificó el pasado 23 de diciembre la suspensión provisional durante tres meses del general del Ejército Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta determinación tiene como objetivo principal evitar que ambos funcionarios puedan intervenir u obstaculizar las investigaciones disciplinarias en su contra, originadas por presuntos nexos con una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), liderada por alias Calarcá. La decisión, de alcance preventivo, responde a la gravedad de las acusaciones que recaen sobre los investigados, según lo registrado por El Colombiano y medios como Noticias Caracol.

El componente institucional del caso adquiere especial relevancia en Antioquia, donde la medida disciplinaria ha desembocado en tensiones entre la Gobernación y la Universidad de Antioquia. Esto se debe a que, aun estando suspendido, Wilmar Mejía ha seguido participando en las sesiones del Consejo Superior Universitario (CSU) de dicha universidad, en calidad de delegado directo del presidente Gustavo Petro. La permanencia de Mejía en el CSU, máximo órgano de dirección de la U. de A., ha suscitado rechazo entre distintos sectores. Tanto el gobernador Andrés Julián Rendón como el Consejo Académico universitario han pedido su salida, argumentando que la suspensión y los presuntos vínculos del funcionario con estructuras criminales comprometen la legitimidad y la ética institucional.

Por otro lado, después de que estallara el escándalo de posibles filtraciones de información, se esperaba que el presidente Petro apartara a Mejía del cargo; sin embargo, el mandatario tomó la decisión opuesta. Sorprendentemente destituyó al rector John Jairo Arboleda antes que a su propio representante en el CSU, protegiendo la permanencia de Mejía pese a las advertencias jurídicas y políticas de la Gobernación, que incluso notificó por escrito al secretario general del consejo universitario sobre la inhabilidad sobrevenida del delegado presidencial.

De acuerdo con archivos digitales incautados a colaboradores cercanos de alias Calarcá en Antioquia y revelados por Noticias Caracol en 2024, tanto Mejía —identificado en dichos documentos con el alias de “El Chulo”— como el general Huertas habrían entregado información estratégica de las Fuerzas Armadas a esta disidencia. Entre los hechos investigados, figura la supuesta filtración de códigos de frecuencias radiales y el posible asesoramiento en la creación de una empresa fachada de seguridad, destinada a facilitar el porte legal de armas y la movilidad de miembros de organizaciones ilegales.

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La carrera de Wilmar Mejía ha sido especialmente escrutada por el rápido ascenso que experimentó dentro del aparato de seguridad estatal. Con formación en educación física y pasado como dirigente estudiantil, pasó de colaborar con campañas políticas a convertirse en director de inteligencia estratégica, sin contar con experiencia acreditada en el campo. En defensa de su nombramiento, Mejía sostiene que cumplió previamente funciones como informante civil para el Ministerio de Defensa, aunque sus críticos consideran insuficiente su experiencia para una responsabilidad de tal magnitud.

Paralelamente, el general Juan Miguel Huertas, quien al momento de la suspensión ejercía como jefe del Comando de Personal del Ejército, enfrenta además investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionadas con supuestas ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Huertas, cuya reincorporación al Ejército se dio bajo el gobierno Petro luego de su relevo en la administración Duque por alertas de agencias internacionales, rechaza todas las acusaciones y sostiene que no existen pruebas técnicas que lo involucren directamente con las disidencias, calificando los señalamientos como parte de un complot para dañar su imagen y la del gobierno.

Este caso pone de manifiesto los retos institucionales a los que se enfrentan los organismos de control en Colombia al investigar posibles colaboraciones entre funcionarios de alto nivel y grupos armados ilegales, en un contexto de polarización política y tensiones entre entidades estatales. ¿De qué modo pueden las universidades, como la de Antioquia, salvaguardar la autonomía y transparencia en sus órganos de dirección ante choques institucionales y presiones externas?


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.

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