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El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al país el lunes 10 de agosto ha desencadenado una de las crisis humanitarias y administrativas más graves en años recientes. Ante este panorama, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1261 de 2026, que declara el estado de emergencia, permitiendo la adopción de medidas especiales para enfrentar los estragos causados por el sismo. La tragedia, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha dejado un saldo de más de 300 personas muertas, 4.000 familias damnificadas y más de 115.000 afectados, cifras que reflejan la magnitud del impacto en las comunidades y la infraestructura.
El documento oficial, de 29 páginas, describe los graves daños en instalaciones esenciales para la prestación de servicios judiciales y administrativos. Entre estas figuran instalaciones de la administración de justicia, notarías y entidades oficiales, cuya afectación pone en riesgo la continuidad de funciones clave para la protección de derechos y la resolución de conflictos. Dada la situación actual, el gobierno reconoce la urgencia de intervenir para garantizar el acceso efectivo a la justicia, la seguridad jurídica y la protección especial a poblaciones vulnerables, incluidas aquellas personas bajo custodia del Estado.
Entre las medidas planteadas está la protección de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario, así como la continuidad de servicios prestados por entidades como Casas de Justicia, Comisarías de Familia, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y notarías. El decreto ordena adecuar los servicios judiciales mediante mecanismos de contingencia, uso de tecnologías, protección de archivos y recursos logísticos y presupuestales para restaurar la normalidad en los distritos judiciales afectados.
El financiamiento de la reconstrucción física de juzgados y demás sedes judiciales implica la creación de un fondo de emergencia y la utilización de mecanismos ágiles para la contratación de obras. Así, se busca asegurar que los recursos extraordinarios se destinen exclusivamente a superar la calamidad causada por el terremoto, sin cubrir deudas históricas del sector judicial, lo que además estará sujeto a control fiscal y disciplinario.
Sobre las cárceles, el plan contempla clasificar los establecimientos entre los que pueden ser reparados y aquellos cuya sustitución resultaría más conveniente, habilitando la construcción de nueva infraestructura regional si los análisis así lo avalan. En lo jurídico, se autoriza flexibilizar temporalmente la competencia de jueces y la reasignación de procesos urgentes, apoyados en herramientas tecnológicas, para asegurar la atención oportuna de tutelas, habeas corpus y solicitudes de libertad, incluso si estos deben ser tramitados fuera del distrito habitual.
Las medidas excepcionales deberán estar limitadas estrictamente a superar los obstáculos legales derivados de la emergencia y mantener la autonomía judicial, asegurando derechos como la doble instancia, la defensa y la imparcialidad, incluso permitiendo la suspensión general de la prescripción de la acción de tutela en casos necesarios.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué medidas extraordinarias contempla el decreto 1261 de 2026 tras el terremoto?
El decreto 1261 de 2026, expedido tras el terremoto, permite implementar acciones como la adecuación de servicios judiciales, el uso de mecanismos de contingencia y apoyo tecnológico, creación de un fondo de emergencia y flexibilización en la asignación de procesos judiciales, todo orientado a asegurar la continuidad y acceso a la justicia en las zonas afectadas, según lo expuesto por el gobierno en el documento oficial.
¿Cómo garantiza el decreto la protección de los derechos de personas privadas de la libertad tras el terremoto?
De acuerdo con lo señalado por el decreto, se tomarán medidas específicas para proteger la vida e integridad de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario, incluyendo planes de regionalización y clasificación de cárceles afectadas, asignación de recursos para infraestructura y mecanismos de atención alternativos, en un marco que respete los derechos fundamentales y garantías procesales de los internos.
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“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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