Mediante un comunicado, la Alcaldía de Bogotá comunicó que si bien la Fundación Jardín Cementerio Fontibón cuenta con los permisos necesarios para cremar, se van a hacer ajustes necesarios para mejorar la operación y así no volver a tener eventos de humo negro en Fontibón.

Esta semana, varios vecinos de la zona atacaron con piedras y botellas al horno crematorio, cansados de los olores que salen del horno, por lo que la Secretaría de Ambiente tuvo que actuar.

Tras la nueva visita de control y seguimiento, se identificaron varias fallas en las prácticas de operación del horno, que según la misma secretaría serían las causantes del humo negro y los fuertes olores, que causaron la molestia de la comunidad.

“El horno ha pasado las pruebas isocinéticas y tiene los permisos de emisiones de la autoridad ambiental, sin embargo, el incremento acelerado en el uso de la cremación ha hecho que el horno sea manejado sin respetar los aspectos técnicos”, dijo la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Para seguir en funcionamiento, el horno crematorio contrató una firma consultora para “evaluar las dificultades que se han presentando y corregir estos eventos en corto plazo”.

El cementerio también deberá entregar una plan de acción y choque, y demostrar  la idoneidad de las personas que prestan el servicio. Si vuelve a presentarse momentos con humo negro, podría ser sancionado, indica el comunicado.

Sin embargo, la Alcaldía aclaró a los ciudadanos de Fontibón que en los próximos días podrían volver a ver columnas de humo negro y sentir los olores que los molestaron, mientras se hacen pruebas “para ajustar, calibrar y garantizar una adecuada operación”.

Por último, las autoridades destacaron que la cremación es la mejor vía para los pacientes que mueren de COVID-19, pues de esa manera se garantiza que no haya contagios. Este proceso ーdice la secretaríaー no representa ningún riesgo para las personas que habitan cerca de los hornos crematorios.

“En la ciudad hay 13 hornos, 6 los opera el Distrito a través de la entidad UAESP y 7 son operados por cuatro empresas privadas. Todos están en funcionamiento y todos están siendo objeto de seguimiento y control por parte de las Secretarías de Ambiente, Salud y la Uaesp”, finalizó Urrutia.