La reciente jornada de violencia en el Putumayo, que resultó en dos militares gravemente heridos durante una operación para desmantelar un laboratorio de pasta base de coca, ha intensificado la preocupación sobre el rumbo del proceso de paz en Colombia. Según versiones oficiales, el enfrentamiento ocurrió en zona rural de Villagarzón, un territorio donde operan diferentes actores armados, y reaviva los temores sobre la inseguridad en regiones históricamente afectadas por el conflicto.
Fuentes institucionales atribuyeron el ataque a los Comandos de Frontera, un grupo armado disidente de las antiguas Farc, a quienes señalaron además como responsables del laboratorio. Las autoridades, encabezadas por el Ministerio de Defensa, calificaron el hecho como un atentado directo contra militares, insistiendo en la naturaleza criminal de los perpetradores. Bajo esta narrativa, el gobierno reafirmó su compromiso de perseguir a quienes considera responsables, incluso anunciando una recompensa de aproximadamente 200 millones de pesos por información que permita ubicarlos.
Sin embargo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, otro actor insurgente presente en la región, emitió un comunicado rechazando cualquier participación en lo ocurrido. El grupo enfatizó no tener relación con el ataque, pidió que se esclarezcan los hechos y solicitó la intervención de la comisión negociadora y de los países garantes del proceso de diálogo para llevar a cabo una investigación objetiva e independiente. En su declaración, la Coordinadora reiteró su voluntad de mantener las rutas del diálogo y cuestionó los señalamientos indiscriminados por parte de entidades estatales, recordando que la estigmatización puede profundizar la confrontación y afectar los esfuerzos de negociación.
Este fue el comunicado:
Comunicado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
La incertidumbre que rodea estos eventos revela la compleja red de actores y narrativas en el conflicto colombiano. Aunque han habido avances desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la persistencia de facciones disidentes y el entrelazamiento con economías ilegales dificultan el panorama. Los enfrentamientos y acusaciones cruzadas tienden a exacerbar la desconfianza, mientras el clima en las regiones limítrofes a menudo se resiente bajo la presión tanto de operaciones militares como de estrategias de control territorial de los distintos grupos armados.
Las palabras de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano llega por solicitud expresa de la delegación del Gobierno Nacional, que horas antes había emitido comunicado en el que rechazaba el ataque a los soldados. “Solicitamos que desde la Mesa de Diálogos de Paz, integrada por nuestra delegación y por la CN-EB, de la cual hacen parte los Comandos de Frontera se rechace de manera categórica e inmediatamente este atentado contra la integridad y la vida de los miembros…”.
Comunicado de la delegación de paz.
Qué se sabe de los soldados que fueron atacados
En un reciente y desgarrador incidente en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo – al sureste de Colombia – dos militares fueron quemados gravemente durante una operación antidrogas. El esfuerzo por la erradicación de un laboratorio de procesamiento de cocaína llevaba a cabo por el Batallón de Infantería N.º 25, se desmoronó violentamente cuando un subteniente y un soldado profesional fueron rociados con gasolina y quemados. Las urnas graves de segundo grado se presentaron en el 75 % del cuerpo del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, mientras que el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya sufrió lesiones en el 30 % de su cuerpo.
“Frecuentemente, las tropas del Ejército colombiano enfrentan difíciles condiciones en operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, pero este brutal incidente resalta la realidad peligrosa a la que nos enfrentamos”, dijo Erik Rodríguez, el segundo comandante del Ejército colombiano ante la emisora Caracol. “Se hace menester encontrar, procesar y condenar a los responsables para que afronten el peso de la ley.
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