El sindicato de profesionales de EPM, Sinpro, llamó populista a la idea que hizo el alcalde Daniel Quintero de congelar las tarifas de servicios públicos en 13 departamentos. La petición la hizo el alcalde a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro. Esa comunicación del alcalde ha sido cuestionada hasta por los técnicos de EPM y se le ha cuestionado que justa dé la idea en año electoral.

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Sinpro publicó una carta en la que anuncia que le envió un derecho de petición al alcalde para que conteste las bases técnicas y jurídicas de su pedido al presidente Gustavo Petro. El derecho de petición tiene cuatro peticiones sobre el asunto. Por ejemplo, el sindicato pidió que se entregue el análisis del impacto financiero que tendría congelar las tarifas en EPM y sus filiales.

Pero el párrafo más fuerte del comunicado de Sinpro es el último, donde acusan al alcalde de hacer política con el tema de servicios públicos. Hay que recordar que Daniel Quintero prometió en la campaña de 2019 congelar las tarifas de los servicios, cosa que no cumplió y que no es ni siquiera de su resorte como alcalde.

“Para SINPRO es claro que la definición de las tarifas de energía está sujeta, entre otros, a criterios técnicos, jurídicos, calidad, eficiencia, confiabilidad y suficiencia económica y no a caprichos e intereses políticos como los reflejados en la solicitud del señor Quintero que sigue poniendo en riesgo la solidez financiera de EPM y haciendo populismo utilizando el nombre de la empresa, como lo ha hecho a lo largo de los tres años de su administración”, dice textualmente el comunicado de Sinpro.

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La petición de Quintero tasmbién ha sido cuestionada por gremios y académicos. La Asociación Nacional de Empresas de Servicio Públicos y Comunicaciones (Andesco) envió un comunicado al alcalde Quintero en el que le solicita que dicha petición debería hacerla ante el gerente general de la empresa para que la analice y, de encontrarla viable, la presente y sustente ante la junta directiva, considerando los marcos regulatorios vigentes.

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“Es muy importante recordar que no se deberían tomar decisiones que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera de las empresas, porque en tal caso, serían los usuarios los más perjudicados”, manifestó Andesco.

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