Una semana antes de que el presidente Gustavo Petro centralizara en su despacho las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos, en una movida que ha llenado de incertidumbre a ese sector, los técnicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) enviaron una dura carta al Gobierno Nacional cuestionando el proyecto de decreto con el que se preparaba esa decisión.

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La carta es interesante porque dice todo lo contrario a la posición que asumió el alcalde de Medellín Daniel Quintero el pasado viernes cuando madrugó a leer en las emisoras de radio una carta en la que le implora al presidente Petro permitirle a EPM congelar las tarifas de los servicios públicos.

En la carta, Quintero dice: “En mi condición de alcalde y de presidente de la Junta Directiva de EPM he recibido con optimismo el decreto presidencial 227 (…) mediante el cual usted como presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios que antes estaban en cabeza de la Creg”.

Un tono y un contenido completamente contrario al del documento del equipo técnico de EPM en el que le pedían al mismo Petro, apenas dos semanas atrás, hacer un alto en el camino y evaluar con calma los impactos que podría causar si empezaba a mover los engranajes del sistema regulatorio.

La carta de los técnicos de EPM (del 8 de febrero) cayó en saco roto (presidencia publicó el decreto sin cambios el 16 de febrero) y Quintero publicó su carta de apoyo a Petro el 24 de febrero. El oficio de EPM llegó también a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), así como a varios ministerios hace dos semanas. Son ocho páginas, y aparece firmada por el gerente de Regulación de EPM, Jorge Antonio Yepes Vélez, que según consta en su hoja de vida desde hace más de ocho años se desempeña en ese cargo y es una de las mayores autoridades de la compañía en conocimiento del sistema regulatorio nacional.

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Carta de técnicos en EPM contradicen a Daniel Quintero

La carta destapa las tensiones que se viven a puerta cerrada en la compañía antioqueña, que pese a los anuncios del alcalde, hoy contiene el aliento ante los impactos financieros que podría traer un congelamiento de las tarifas.

En ella, además de reprocharle al gobierno solo haber otorgado dos días calendario a los interesados para revisar el proyecto de decreto, Yepes planteó varias preguntas de fondo.

En primer lugar, el funcionario cuestionó el interés del presidente en asumir esos poderes, advirtiendo que en la “memoria justificativa” del proyecto no se observaba “ningún argumento técnico”, más allá de una exposición que reivindicaba el poder del presidente para asumir las funciones de las comisiones de regulación de agua (CRA) y energía (Creg).

La misiva alertó que, más allá de dotar de poderes al presidente, el proyecto debía tener un análisis profundo que justificara de forma clara la necesidad de meterle la mano al sistema regulatorio. “El modelo de prestación de servicios públicos tiene más de treinta años en el que se han desarrollado múltiples herramientas regulatorias y de control, esas herramientas funcionan sistémicamente, por lo que afectar una variable tiene consecuencias aguas arriba y abajo de la cadena de prestación”, señaló.

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EPM también interrogó al gobierno por sus planes a la hora de estrenarse esas facultades, recordando que el Congreso ya había decidido en 1994, a través de las leyes 142 y 143, dotar de independencia a los órganos reguladores, pensando en separarlos de los intereses del gobierno de turno y en crear condiciones de estabilidad para el sector.

Como efectos colaterales, agregó Yepes, cambios drásticos en el sistema podrían desincentivar la inversión, poner en riesgo la capacidad del sistema para crecer en un mediano plazo y hasta incrementar la presión sobre los recursos públicos en caso de ahuyentar a los inversionistas.

La empresa también advirtió que echarle mano al sistema podría afectar la reputación del país ante organismos internacionales, como la OCDE, obstaculizando de paso el acceso a financiación internacional.

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En su parte final, el oficio recordó que antes de pensar en cambios tan amplios e inciertos, que de paso atizan el fuego del nerviosismo por las reformas económicas impulsadas por el gobierno, la Nación debía poner su vista en deudas históricas que arrastra el sector.

“(…) una de las principales tareas pendientes por mejorar en el sector, más que la regulación general, es la asignación de subsidios que están mal focalizados. Tarea esta (…) que siempre ha estado en manos del Gobierno y continúa siendo una tarea pendiente que invitamos al gobierno a priorizar en su agenda”, propuso.

Señalando que esas mismas variables preocupan a muchos otros actores, EPM invitó incluso a la Presidencia a convocar una mesa de diálogo, con miras a tomar una decisión más reposada.

Ya con la suerte echada, luego de que la Nación firmara el Decreto 0227 el pasado 16 de febrero de 2023, se produjo el anuncio del alcalde Quintero, que no solo avaló implícitamente las facultades asumidas por Petro, sino que lo instó a usarlas de la forma más radical, congelando las tarifas de los servicios públicos.

Durante la tarde de aquel viernes, en un documento que pasó de agache, EPM subió ante el sistema de Información Relevante de la Superintendencia Financiera un escueto comunicado en el que se limitó a decir que adelantaba “los respectivos análisis internos” en caso de que se ordenara ese congelamiento.

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