La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios le salió al paso a la carta que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, le mandó al presidente, Gustavo Petro, pidiendo autorización para congelar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios en Medellín, y otras zonas del país.
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Javier Gaviria, presidente de la Liga y su coordinador en el Caribe, Norman Alarcón, recordaron que en su campaña electoral, como candidato a la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, prometió congelar las tarifas de servicios públicos domiciliarios, oferta que no fue cumplida, a pesar de la creciente pobreza de los medellinenses. “Promesa que muy seguramente llevó a muchos ciudadanos a votar por esa opción política”, anotaron.
Agregaron que durante su administración, como alcalde y presidente de la junta directiva de EPM, en Medellín y el Valle de Aburrá, las tarifas de energía eléctrica, agua potable y gas combustible, han subido el 54%, 56% y 48 %, respectivamente.
“Igual comportamiento han tenido las tarifas definidas por el Grupo EPM para todas sus empresas filiales. Después de tres años de patrocinar tarifas impagables, que no dejan dormir tranquilo a ningún usuario, no es racional pedir su congelación. Lo que los colombianos reclaman es rebaja significativa de tarifas de todos los servicios públicos domiciliarios”, exigieron los líderes sociales.
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La Liga sostuvo que estas altas tarifas le han generado a EPM un importante crecimiento de sus ingresos y transferencias billonarias al Municipio de Medellín. “Cifras históricas recaudadas entre los usuarios, para que el alcalde ejecute las obras de su Plan de Desarrollo”, mencionaron.
Coincidieron con Quintero en calificar de “precios irracionales”, las caras tarifas que están pagando los colombianos, “razón por la cual esos precios que él ayudó a subsistir, no se pueden congelar, se tienen que rebajar”.
La carta de Quintero y la solicitud planteada aplicaría para Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta, no obstante Gaviria y Alarcón hacen notar que la petición debe apuntar a que el presidente Petro, en ejercicio de sus atribuciones legales, modifique las fórmulas tarifarias, para que se eliminen los factores que causan esta lesión injusta a los intereses de los usuarios, aplicando el artículo 126 de la ley 142 de 1994.
“Para los usuarios de los siete departamentos de la costa Caribe, que reclaman la derogatoria del régimen especial tarifario consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, la congelación de tarifas prolonga la angustia de seguir pagando los precios de servicios públicos peores de caros, de los cuales Afinia, filial de EPM, junto con Aire, reciben provecho desmedido. Atender el interés de todos los costeños consiste en rebajar de verdad estas tarifas que los empobrece más y derogar el artículo 318 de la ley 1955 de 2019”, concluyó la Liga.
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