Tan cierto es que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Juliana Guerrero, exfuncionaria del ministerio del Interior que estuvo a punto de ser nombrada viceministra de Juventudes, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, como es verdad que las imputaciones de cargos que anunció la Fiscalía este lunes contra ellos dos no pueden entenderse, una vez más, como una estrategia contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, como una nueva manifestación del ‘golpe blando’ anunciado desde el comienzo de esta administración que, ya ‘ad portas’ de terminar, no se ha producido. Tampoco puede haber lugar para dudas sobre el hecho de que el anuncio del ente acusador responde a un reclamo perentorio de la sociedad: que la justicia actúe sin distinciones, incluso afectando a miembro del Gobierno.
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A Roa, la Fiscalía le imputará cargos porque habría incurrido en tráfico de influencias por comprar un apartamento en el norte de Bogotá y porque la campaña Petro presidente, de la cual fue gerente, habría violado los topes electorales. Y a Guerrero, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, debido a que obtuvo título profesional de la Fundación de Educación Superior San José sin soportes académicos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos mínimos para obtener el grado, como asistencia a clases, presentación de evaluaciones y trabajo de grado. Con ese documento espurio intentó su nombramiento como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Hoy, Roa y Guerrero se sitúan como cabeza de esa larga lista en la que están funcionarios y exfuncionarios, incluso hasta un hijo del presidente Petro, que han sido llamados a dar explicaciones a la justicia. Los dos, además, ostentan otra condición que los asemeja: son de las entrañas del mandatario, que los ha defendido a capa y espada, y ha impedido a toda costa —salvo en el caso de Guerrero, cuyos problemas la sobrepasaron— que salgan de su administración. Sin que hasta ahora se haya establecido su culpabilidad, las imputaciones contra Roa y Guerrero sí refuerzan entre la opinión pública la idea de irregularidades en el Gobierno, algo que también puede tener efectos negativos en la campaña electoral.
Desde ministros hasta familiares de Gustavo Petro con líos judiciales
Hace apenas dos meses el entorno del presiente Petro se vio sacudido por otro grave escándalo judicial. La Fiscalía imputó a sus exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco acusándolos de liderar una “organización criminal” que habría destinado 612.000 millones de pesos, entre 2023 y 2024, para comprar congresistas a cambio de apoyo legislativo a su Gobierno. El ente acusador les imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Hoy Bonilla y Velasco están presos, lo mismo que el expresidente del Senado Iván Name y el de la Cámara de Representantes Andrés Calle.
Por esos mismos días de la imputación a Bonilla y Velasco, otro exministro de Petro, el excanciller Álvaro Leyva Durán, también fue acusado por presuntamente haber cometido el delito de prevaricato por acción al declarar desierta la licitación de los pasaportes, ya que habría carecido de fundamento legal y desconoció los principios de la contratación estatal. Leyva Durán, cree la Fiscalía, habría promulgado actos administrativos que contravinieron la ley durante la licitación pública para la contratación de los servicios de personalización, custodia, distribución e impresión de pasaportes. Al profundizar en retrospectiva se incrementa el número de personas del círculo del presidente Petro que enfrentan a la justicia.
Si se siguiera una dirección en el sentido de lo más próximo al jefe de Estado a lo más lejano, el primero en ocupar esa órbita cercana es su hijo Nicolás Petro Burgos, quizás el que más problemas tiene porque fue imputado en principio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, por haber recibido, presuntamente, dineros ilícitos. Su situación se agravó porque también le imputaron peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido de contratos, por, presuntamente, haberse apropiado de dineros de la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Fucoso. Y, como si fuera poco, la justicia investiga si financió con fuentes ilegales parte de la campaña Petro presidente.
Otro familiar del presidente Petro que está en el radar de la justicia es su hermano Juan Fernando, que fue denunciado a comienzos de este mes por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos. La razón: un audio en el que el recién extraditado Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, que habría asegurado que le entregó “mucho dinero” para la campaña presidencial de 2022. Esa grabación “sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió y que las visitas a las cárceles en medio de la campaña presidencial iban más allá de las intenciones de la paz total. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022″, dijo Bustos en su denuncia.
Precisamente, uno de los cuatro procesos contra Armando Benedetti, ministro del Interior, que le envió la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia está relacionado con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro presidente. Esa investigación se abrió por los audios en los que Benedetti, en conversación con Laura Sarabia, habló de que consiguió 15.000 millones de pesos. Pero el alto tribunal también lo investiga por enriquecimiento ilícito de servidor público cuando fue designado embajador en Caracas, por presuntas conductas de financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares, un proceso que le había abierto con anterioridad la Corte, y por presunto interés indebido en la celebración de contratos que indaga la posible desviación de recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) que está en etapa de indagación.
De Carlos Ramón González a Laura Sarabia
Un entrañable más del presidente Petro —entre otras razones, porque ambos militaron en el M-19— que está imputado por la Fiscalía es Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a quien el ente investigador acusa de ser una de las piezas más importantes en el caso de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Le endilgan los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros. Para la Fiscalía, González fue quien decidió que se les entregaran tres millones de pesos y un millón de pesos a los expresidentes de Senado y Cámara, Name y Calle, respectivamente, para sacar adelante los proyectos del Gobierno. Hoy, González está prófugo en Nicaragua y es buscado con circular roja de Interpol.
Un exintegrante más del Gobierno de Petro que está prófugo y es solicitado con circular roja de Interpol es César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, que, como González, Bonilla y Velasco, debe responder por el escándalo de la UNGRD. Le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y lavado de activos. Para la Fiscalía, Manrique Soacha “presuntamente facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos”.
Como consecuencia del desangre de la UNGRD, otros funcionarios de la administración de Petro permanecen presos: Olmedo López, exdirector de la entidad y hasta ahora la cara que simboliza el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno, y los exsubdirectores Sneyder Pinilla y Víctor Mesa. Tanto López como Pinilla han asegurado que incurrieron en las conductas delictivas porque estaban cumpliendo órdenes, lo que ha disparado las miradas hacia la parte alta de la pirámide de poder. También está presa la exconsejera para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Novoa, señalada de llevar las supuestas coimas a Name y Calle.
Por fuera de la trama de la UNGRD, pero también con problemas con la justicia está la exdirectora del Dapre y hoy embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia, otrora con mucha influencia en la Casa de Nariño. A ella la investiga la Fiscalía por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, con ocasión de los supuestos malos tratos a que habría sometido a su exniñera Marelbys Meza, con uso de polígrafo incluido. Por este mismo caso, el ente acusador presentará el próximo 18 de febrero escrito de acusación contra el coronel de la Policía Carlos Alberto Feria Buitrago, exjefe de la Oficina de Protección la Presidencia.
Al remover un poco más las aguas, también sale a flote el caso de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, una gloria para Colombia comoquiera que fue medallista olímpica en Sídney 2000, pero que salió del Gobierno por presuntos hechos de corrupción. Fue imputada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según la Fiscalía, habría ordenado dar por terminados varios contratos que tenían vigencias de cuatro meses, para contratar a las personas nuevamente por un término de tiempo mayor. “De esta manera, Urrutia pretendía darles continuidad laboral a personas cercanas o referidas para que siguieran vinculadas con el Ministerio del Deporte, a pesar de su salida de la cartera”, dijo la Fiscalía.
En todos los gobiernos de Colombia ha habido escándalos de corrupción y algunos de sus protagonistas han ido a parar a la cárcel, entre ellos, claro está, ministros. Pero la actual administración, aún con seis meses por delante, y todavía con varias investigaciones sin decisiones judiciales en firme contra los imputados de altísimo perfil, constituirá un hito por haber sido el cambio una de sus promesas cardinales.
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
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