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La pavimentación de la vía Arma – La Pintada, un proyecto de tres kilómetros en Caldas que debió completarse en 22 meses, hoy se encuentra detenida en sus últimos 500 metros. La razón principal de esta pausa, según lo expone la Secretaría de Infraestructura de Caldas, es el desabastecimiento de asfalto derivado de la avería en la planta encargada de suministrar este material, junto a las dificultades de transporte causadas tanto por paros de transportadores en La Estrella (Antioquia) como por derrumbes en la vía entre La Pintada y Medellín, conforme informa el diario regional La Patria. Con un avance físico registrado del 89,68%, este proyecto evidencia las vulnerabilidades que enfrenta la logística de infraestructura vial especialmente en regiones de geografía montañosa, donde fenómenos regionales pueden obstaculizar obras locales según ha documentado el Banco Mundial (2022).
El contrato suscrito con el Consorcio Aguadas Vial tiene un valor superior a los 7.185 millones de pesos, y su supervisión, conocida como interventoría, representa un costo adicional cercano a los 904 millones, incluyendo adiciones presupuestales aprobadas en noviembre de 2024. Sin embargo, la obra se ha visto empañada por denuncias públicas acerca de impagos a extrabajadores y cuestionamientos de miembros del Concejo de Aguadas, quienes no han recibido respuesta oficial del consorcio responsable. De acuerdo con el DANE, este tipo de disputas administrativas y contractuales afecta tanto la ejecución física como financiera de diversas intervenciones públicas en Colombia.
La vía en cuestión integra el conjunto de "Vías del Hermanamiento" entre Caldas y Antioquia, proyectos caracterizados por reiterados atrasos e incumplimientos desde anteriores administraciones, en particular desde el mandato de Luis Carlos Velásquez. Otros proyectos, como la conexión Riosucio–Jardín y el corredor Berlín–Florencia, atraviesan situaciones similares: parálisis y demoras que reiteran la existencia de desafíos institucionales profundos y una gobernanza que, según análisis recientes de la Universidad Nacional de Colombia, debe seguir fortaleciéndose para garantizar la conectividad y el desarrollo territorial.
La Gobernación de Caldas aclara que la suspensión es de naturaleza estrictamente técnica y no evidencia negligencia institucional. Ha señalado la existencia de cierres temporales, decididos con el fin de dejar listas las superficies a ser asfaltadas una vez se reanuden los suministros. Esta postura ha sido difundida para contrarrestar percepciones de abandono o falta de compromiso, en línea con recomendaciones sobre comunicación pública en problemas de infraestructura, como lo subraya la Fundación Gabo.




El plazo contractual para la culminación de la obra es el 30 de agosto de 2025, aunque el proyecto ya contempla prórrogas y la cesión de derechos económicos a favor del Consorcio Restrepo Zuluaga para dar continuidad a las labores. Esta opción contractual refleja una práctica extendida en Colombia, donde la flexibilidad de los marcos regulatorios permite mitigar las consecuencias legales y operativas que surgen de los frecuentes desafíos en la infraestructura vial, como indica el Ministerio de Transporte.
En resumen, el caso de la pavimentación de la vía Arma – La Pintada representa un ejemplo ilustrativo de los obstáculos estructurales y administrativos que enfrenta el sector vial en contextos de complejidad geográfica y social. Los retos logísticos, las controversias legales y la importancia de una comunicación gubernamental clara y oportuna son elementos decisivos para garantizar que las demoras en este tipo de obras no comprometan el desarrollo regional ni la confianza de la ciudadanía.
¿Por qué existen tantas dificultades logísticas para avanzar en obras viales en zonas montañosas de Colombia? Estas dificultades se relacionan con la ubicación geográfica y la infraestructura de transporte limitada en regiones montañosas, factores que aumentan la complejidad para movilizar materiales y equipos. Además, eventos imprevisibles como derrumbes y paros en el transporte pueden provocar interrupciones imprevistas en la cadena de suministro, dificultando la continuidad de los trabajos viales. En el caso analizado, tanto la dependencia de una planta de asfalto específica como los bloqueos en las rutas principales han retrasado la pavimentación, subrayando la vulnerabilidad de estos proyectos a circunstancias externas.
La gestión de obras en estas zonas implica coordinar múltiples actores y prever riesgos frecuentes. El Banco Mundial y la Universidad Nacional de Colombia han señalado que un enfoque preventivo, mejoras en la planeación logística y la diversificación de proveedores podría reducir el impacto de estas interrupciones. Sin embargo, la persistencia de estos obstáculos revela que aún se requieren esfuerzos en políticas públicas para fortalecer la resiliencia de la infraestructura vial en el país.
¿Qué implica una interventoría y por qué es necesaria en proyectos de infraestructura? La interventoría es la actividad de verificación y seguimiento externo contratada por las entidades estatales para asegurar que las obras públicas se ejecuten de acuerdo con los términos técnicos, legales y financieros estipulados en el contrato. Este rol permite supervisar la calidad, el avance y la correcta utilización de los recursos públicos durante la ejecución del proyecto.
La existencia de una interventoría cobra especial relevancia cuando surgen problemas como los impagos, demoras o cambios en los tiempos de entrega, ya que el interventor debe reportar y documentar estos hechos, facilitando la toma de decisiones y la rendición de cuentas. En obras como la vía Arma – La Pintada, la interventoría se convierte en un elemento esencial para transparentar el proceso y revisar el cumplimiento de las obligaciones tanto por parte del contratista como del ente contratante.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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