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El contrato suscrito por la administración municipal para la instalación de 60.000 luminarias en la ciudad de Cali ha presentado atrasos notables que preocupan a diferentes sectores políticos y sociales. Según el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa, hasta la fecha solo se han instalado 42.503 luminarias, una cifra considerablemente inferior a la proyectada para finales de 2024. Esta diferencia alimenta la incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con el objetivo dentro del cronograma original, abriendo la puerta a posibles prórrogas y extensiones contractuales que podrían dilatar aún más la conclusión de este proyecto vital para la ciudad.
La Contraloría General de la República ya había advertido en informes previos sobre deficiencias en el planteamiento de los tiempos de ejecución de este contrato. En particular, el organismo señaló la “ineficiente estimación de los tiempos de ejecución”, que derivó en múltiples prórrogas y que amenaza con superar el plazo inicialmente pactado, previsto para diciembre de 2025. Esta situación apunta a fallas estructurales en la gestión de la contratación pública, en donde los errores en la planeación técnica o las deficiencias administrativas generan consecuencias directas sobre el desarrollo de obras tan estratégicas como el alumbrado público.
De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), este tipo de incumplimientos y aplazamientos no es exclusivo de Cali, sino que se replica en numerosos proyectos de infraestructura a nivel nacional. Las causas radican tanto en ajustes insuficientes al contrato como en la falta de una supervisión rigurosa, factores que, según INVIAS, aumentan la probabilidad de sobrecostos y reducen la confianza de la ciudadanía en la administración. La reiteración de excusas oficiales por parte del gobierno local contribuye así a un ambiente de escepticismo y preocupación en torno al correcto uso de los recursos públicos.
El impacto de estos retrasos trasciende el ámbito técnico. Según Transparencia por Colombia, la demora en la entrega de estas obras afecta de manera inmediata la seguridad de los habitantes y la calidad de vida urbana, considerando que la iluminación pública es esencial para el bienestar social y la percepción de seguridad. En Cali, donde los índices de inseguridad son elevados conforme a datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Policía Nacional, cualquier retraso genera consecuencias sociales tangibles y un mayor deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.




Expertos consultados, como los citados por la Fundación Corona, coinciden en recalcar la urgencia de reformar la manera como se estructuran y controlan estos contratos públicos. El tipo de dificultades que atraviesa el contrato de luminarias en Cali ilustra la necesidad de integrar auditorías más estrictas y promover una mayor vigilancia ciudadana, para evitar escenarios en los que los intereses de los contratistas prevalezcan sobre el bienestar colectivo. Así lo enfatiza un reportaje de El Espectador, que subraya la importancia de fortalecer mecanismos de seguimiento y de asegurar que tanto la Alcaldía como Emcali cumplan rigurosamente con los estándares de calidad, plazos y presupuesto.
En suma, la crisis en el avance del contrato de alumbrado público en Cali simboliza los retos persistentes de la gestión administrativa urbana en Colombia. Superarlos requerirá mayor integridad, transparencia y un compromiso robusto con la ciudadanía.
¿Cómo repercute el retraso de la instalación de luminarias en la percepción de seguridad ciudadana? La demora en la implementación del alumbrado público incide de forma directa en cómo los habitantes perciben su entorno y su nivel de seguridad. Esta preocupación no es menor en Cali, una de las ciudades con indicadores altos de criminalidad. Sin la cobertura adecuada de iluminación, espacios de tránsito y zonas residenciales quedan más expuestas a hechos delictivos y accidentes, afectando la confianza y el bienestar de la comunidad. Por ello, organismos como Transparencia por Colombia destacan la iluminación como un componente fundamental para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida urbana.
Desde el punto de vista institucional, los retrasos también deterioran la percepción sobre la eficiencia de la administración pública. El cumplimiento de metas de infraestructura es un indicador clave para la legitimidad de las autoridades municipales, y la dilación en proyectos como el cambio de luminarias genera un ambiente de frustración y desconfianza. Así, la ejecución oportuna y transparente se convierte en una demanda central de la sociedad caleña nacida del propio impacto que tiene este servicio sobre la seguridad y la convivencia.
¿Qué medidas puede tomar la ciudadanía para vigilar y exigir el cumplimiento de estos contratos? La participación ciudadana en la supervisión de contratos públicos se ha identificado como una de las estrategias más eficaces para mejorar la transparencia y eficiencia. En el caso del alumbrado de Cali, los habitantes pueden recurrir a veedurías ciudadanas, instancias formales de vigilancia reconocidas en la legislación colombiana. Estas veedurías permiten a grupos de ciudadanos hacer seguimiento detallado al avance de las obras, denunciar retrasos injustificados y exigir información clara y verificable de parte de la administración.
Adicionalmente, la transparencia y el control social fomentan una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades y contratistas. Un ciudadano informado puede exigir la aplicación de auditorías externas y participar en jornadas de socialización, generando presión para que los responsables del proyecto aceleren la ejecución y mantengan estándares de calidad. Esta participación activa contribuye no solo al éxito del proyecto, sino también al fortalecimiento de la gobernabilidad y la confianza pública en los procesos de contratación pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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