El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Los 168 municipios más marcados por el conflicto armado vivieron nuevamente una jornada definitoria al escoger a sus representantes en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep), espacios parlamentarios creados bajo el Acuerdo de Paz de 2016 y conocidos popularmente como curules de paz. Según los datos del preconteo difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al menos seis de los nueve representantes que buscaban la reelección en estos escaños han consolidado su liderazgo sobre el resto de los candidatos, lo que sugiere cierta continuidad en la representación de estas regiones golpeadas. Entre ellos figuran Jorge Rodrigo Tovar Escobar, quien encabeza la competencia en la circunscripción 12 de la Serranía del Perijá; James Hermenegildo Mosquera, en la circunscripción seis (Chocó y Antioquia), y Luis Ramiro Ricardo, al frente en la circunscripción ocho (Bolívar y Sucre).
El avance en los resultados también identifica a Gerson Lisimaco Montaño como favorito en la circunscripción 10 (Nariño) y a Jhon Fredi Valencia en la circunscripción 11 (Putumayo). Por la circunscripción 16 de Urabá Antioqueño resalta Karen Juliana López, quien ha reunido el mayor caudal de votos en su zona, perfilándose como otra representante reelecta de la Citrep. Karen Manrique, en la circunscripción dos de Arauca, completa el listado de candidaturas destacadas en este proceso.
El entorno electoral, sin embargo, no estuvo libre de tensiones. La Defensoría del Pueblo solicitó la apertura de un corredor humanitario en Aracataca, municipio perteneciente a la circunscripción 12, tras episodios recientes de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La entidad recordó en un comunicado que estos grupos armados habían suscrito compromisos de respeto hacia el proceso electoral dentro de los espacios de diálogo facilitados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Amparándose en el derecho internacional humanitario (DIH), la Defensoría hizo énfasis en la necesidad de precaución y en la adopción de todas aquellas alternativas para proteger a la población civil y los bienes esenciales de la comunidad.
Cabe señalar que la elección ha estado influida por factores de orden público. En municipios como Cartagena del Chairá (Caquetá), perteneciente a la circunscripción 5, la Registraduría reportó bloqueos organizados por integrantes de la guardia indígena, afectando la normalidad de los comicios. Asimismo, incidentes como el hostigamiento ocurrido en la zona rural de La Macarena (Meta) impidieron que se realizara el conteo de votos en el puesto de Puerto Lozada, según informó la Registraduría Nacional.
Otro aspecto que marcó el proceso fue la campaña de Tatina Gaona Pinzón en Catatumbo (Citrep 4), que estuvo rodeada de controversia por el respaldo que recibió del clan Pinzón, una estructura política local de largo alcance en la región. Desde la creación de las Citrep, organizaciones y observadores electorales, como la Misión de Observación Electoral (MOE), han advertido sobre el riesgo de que los tradicionales aparatos políticos locales busquen incidir indirectamente en las candidaturas de estos espacios pensados para víctimas y comunidades afectadas.
El escrutinio ha mostrado que el 95,33% de los sufragios fue declarado válido, mientras que el porcentaje de votos nulos alcanza el 2,18%. Sin embargo, la continuidad de algunas candidaturas se encuentra en entredicho debido a investigaciones judiciales en curso. Así ocurre con Karen Manrique, actual representante de la circunscripción de Arauca, quien es investigada en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según refirió Diego Rubiano, director del Observatorio Electoral del MOE, si la Corte Suprema de Justicia tomara medidas restrictivas contra Manrique, la representación de Arauca en el Congreso podría verse comprometida.
En medio de estas tensiones y desafíos, la consolidación de las Citrep como mecanismo de representación en territorios históricamente golpeados por la violencia y la marginalidad sigue sujeta a constantes retos de transparencia, seguridad y renovación política. ¿De qué manera podrán estas curules responder efectivamente a las demandas de sus comunidades?
¿Cómo puede el derecho internacional humanitario (DIH) influir en la protección de las elecciones en zonas de conflicto?
El derecho internacional humanitario (DIH) constituye un conjunto de normas diseñadas para limitar los efectos de los conflictos armados, principalmente protegiendo a las personas que no participan directamente en los combates y restringiendo los medios y métodos de guerra. Según el comunicado de la Defensoría del Pueblo citado en el texto, los compromisos firmados por grupos armados ilegales con el gobierno colombiano incluyen la obligación de respetar el DIH, especialmente en períodos electorales.
La aplicación del DIH en el contexto de elecciones busca garantizar que la población civil pueda ejercer sus derechos políticos en condiciones de seguridad, pese a la presencia y activa confrontación de grupos armados en las regiones. Su cumplimiento requiere coordinación entre organismos estatales, veeduría internacional y la responsabilidad de las partes en conflicto, ya que la violación de estas normas no sólo pone en riesgo la vida de civiles sino que también puede incidir en la legitimidad y transparencia del proceso electoral, elemento clave en la consolidación de la paz territorial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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