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Los programas sociales Renta Ciudadana y Devolución del IVA, bajo la gestión de Prosperidad Social en Colombia, se han consolidado como dos de las respuestas más significativas del Estado frente a la pobreza extrema. A través de transferencias económicas directas y la incorporación de condiciones orientadas a la mejora en salud y educación, estas políticas buscan romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza, promoviendo el desarrollo y bienestar de los hogares más desfavorecidos. Según informa 90 Minutos, ambos mecanismos benefician principalmente a familias identificadas como vulnerables por el Sisbén IV, una herramienta oficial que clasifica el nivel de carencias de los ciudadanos.
El programa Renta Ciudadana se caracteriza por su enfoque diferencial, implementándose a través de líneas como “Valoración del Cuidado” y “Colombia sin Hambre”, y priorizando hogares con niños pequeños, personas con discapacidad y comunidades indígenas. El monto asignado a cada familia depende tanto de la composición y vulnerabilidad del hogar como de su ubicación en la escala del Sisbén. Para el año 2025, los apoyos monetarios por ciclo fluctúan entre 220.000 y 500.000 pesos, lo que permite adaptar la ayuda a las realidades específicas de sus beneficiarios.
Por otro lado, la Devolución del IVA trata de equilibrar el impacto del impuesto al valor agregado en la canasta básica. Este programa está dirigido a hogares en pobreza moderada y extrema, también definidos por el Sisbén IV, y entrega para 2025 pagos de 106.000 pesos por ciclo, varias veces al año. De acuerdo con 90 Minutos, esto aligera el peso de gastos fundamentales como alimentación y servicios esenciales, al tiempo que reduce la presión fiscal a quienes menos recursos tienen.
El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, dio a conocer que un nuevo ciclo de pagos iniciará el 25 de septiembre para ambas iniciativas. No obstante, acceder a estos beneficios exige el cumplimiento de requisitos como la inscripción de menores en el sistema de salud, matrícula escolar y un esquema de vacunación completo para niños, enfoques que buscan además fortalecer la protección social y el capital humano desde la infancia.
Desde una perspectiva más amplia, los programas se inscriben en una corriente internacional que apuesta por transferencias condicionadas como estrategia para movilizar a la población vulnerable hacia mejoras sostenidas en salud y educación. Como apunta el Banco Mundial, este tipo de políticas pueden producir cambios positivos en el desarrollo humano, aunque su impacto depende de factores como el acceso real a servicios de calidad y la adecuada focalización de los recursos, elementos que presentan retos en el contexto colombiano.
Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirman que, si bien se registran avances en indicadores de pobreza desde 2019, persisten desigualdades graves, sobre todo entre zonas urbanas, rurales e indígenas. Así, medidas como Renta Ciudadana han adoptado enfoques diferenciados para responder a realidades diversas, aunque se reconoce la necesidad de políticas adicionales para abordar los determinantes estructurales de la pobreza.
Finalmente, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y medios especializados resaltan la importancia de garantizar la transparencia en la entrega de estos apoyos, la actualización constante de los datos del Sisbén y la participación activa de la ciudadanía para evitar exclusiones o fallas en la ejecución. Por todo ello, la efectividad de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA no solo depende de la entrega regular de recursos, sino también de la articulación con otros servicios sociales y del constante monitoreo institucional.
¿Qué implica la condicionalidad en los programas sociales en Colombia?
La condicionalidad, es decir, el requisito de cumplir con ciertas acciones para mantener el acceso a los apoyos, tiene como objetivo promover el ejercicio de derechos fundamentales como la salud y la educación. Por ejemplo, para recibir los pagos de Renta Ciudadana, las familias deben asegurarse de que los niños estén matriculados en el colegio y cuenten con su esquema de vacunación completo. Este enfoque busca crear incentivos para que las familias accedan a servicios que contribuyan al desarrollo de sus integrantes y reduzcan la reproducción de la pobreza a largo plazo. Sin embargo, la implementación de la condicionalidad implica desafíos adicionales, como asegurar que no existan barreras al acceso a estos servicios, especialmente en áreas rurales o con alta dispersión poblacional.
¿Cómo determina el Sisbén IV quienes son beneficiarios de los programas?
El Sisbén IV es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en Colombia. Se trata de un mecanismo avanzado para clasificar a los hogares en función de su situación de vida, considerando una variedad de factores como ingresos, calidad de la vivienda, acceso a servicios públicos y número de dependientes. Con base en esta clasificación, los programas focalizan sus apoyos en los segmentos más necesitados (principalmente grupos A y B), buscando que la ayuda sea recibida por quienes enfrentan mayores carencias. La precisión y actualización continua de la base de datos del Sisbén es crucial para que los recursos lleguen de manera efectiva y equitativa a la población objetivo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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