El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
La Universidad de Antioquia, reconocida como la principal institución pública del departamento, se encuentra atravesando una situación de alta tensión política y jurídica tras la reciente decisión del Gobierno Nacional que ordenó la remoción de su rector, John Jairo Arboleda. Esta determinación, firmada el 29 de diciembre de 2025 a través de la Resolución 025421 por el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, ha sido duramente cuestionada por voces clave del ámbito político regional, quienes la perciben como una grave intromisión en la autonomía universitaria, un principio consagrado en la Constitución colombiana.
La primera reacción significativa provino del diputado Luis Peláez, quien denunció que el Ministerio de Educación habría incurrido en una extralimitación de funciones y en una clara vulneración del autogobierno universitario. Según Peláez, la medida constituye un precedente preocupante que amenaza la educación pública de la región y la potestad de las universidades sobre su propio gobierno, derechos resguardados por la ley. El diputado recalcó que el acto administrativo presenta indicios de desviación de poder y de violación al debido proceso, pues interviene en asuntos que los estatutos internos delegan exclusivamente al Consejo Superior Universitario de la institución.
Para contextualizar la gravedad de la situación, Peláez subrayó que esta decisión equivale a un “golpe a la democracia universitaria” al sustituir la voluntad expresa del órgano colegiado que orienta la vida académica de la Universidad. Afirmó que el Gobierno Nacional, amparado en la Ley 1740, estaría desconociendo los estatutos de la Universidad de Antioquia. Ante esto, Peláez anunció el agotamiento de todas las instancias legales, incluyendo una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, con el claro propósito de defender la esencia democrática y autonómica de la institución.
La controversia se amplificó con la postura de la Gobernación de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón condenó la resolución ministerial y acusó al Ejecutivo de asumir funciones impropias en el ámbito regional, recordando episodios similares con la EPS Savia Salud y la caja de compensación Comfenalco. Rendón se comprometió públicamente a emprender acciones legales para intentar revocar la decisión gubernamental.
En el núcleo de la resolución figura la designación provisional de Héctor Iván García García como nuevo rector por un tiempo de un año, decisión respaldada en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014. El documento oficial atribuye a John Jairo Arboleda el supuesto incumplimiento en acatar obligaciones de mejoramiento establecidas meses atrás por el Ministerio de Educación. Además, la resolución expresa que la destitución se mantendrá hasta por un año y podría ser prorrogable únicamente una vez, sin perjuicio de investigaciones administrativas y posibles sanciones posteriores.
El proceso ha generado incertidumbre en la comunidad universitaria y debate público sobre los límites legales de la intervención estatal en la educación superior, con diversos sectores exigiendo mecanismos de defensa para preservar la autonomía de las universidades públicas del país.
¿Qué implica la Ley 1740 de 2014 en la educación superior colombiana?
Esta pregunta surge debido a la frecuente mención de la Ley 1740 de 2014 en el contexto de la posible intervención del Gobierno Nacional en las universidades públicas. La ley establece los lineamientos para la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, facultando al Ministerio de Educación para actuar ante posibles irregularidades en la administración de las instituciones. Sin embargo, su uso en el entendido de intervenir órganos de gobierno autónomos ha sido motivo de debate entre actores políticos y académicos.
El caso de la Universidad de Antioquia ha puesto en el centro del debate nacional el alcance real de esta ley, ya que mientras el Gobierno defiende su aplicación, desde la institución y la gobernación se advierte sobre sus límites, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan la autonomía universitaria garantizada constitucionalmente. En este contexto, la discusión sobre la interpretación y los alcances de la Ley 1740 de 2014 resulta fundamental para el futuro de la educación superior en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
