Justo cuando Colombia se despedía de 2025, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 2764 del 30 de diciembre, una de las decisiones más esperadas y sensibles para el sector: la definición del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que regirá en 2026. La medida, lejos de traer alivio, reavivó la tensión entre el Gobierno y los principales actores del sistema de salud, que advierten que el ajuste aprobado sigue siendo insuficiente y pone en riesgo la atención de los pacientes.
De acuerdo con la resolución, la UPC anual para el régimen contributivo quedó en $1.658.912, lo que representa un incremento del 9,03 % frente al valor reconocido en 2025. Para el régimen subsidiado, el monto será de $1.541.706, con un aumento del 16,49 %. En promedio, el incremento del sistema se ubica en 12,94 %.
El Ministerio de Salud calcula que esta decisión implica $11,6 billones adicionales para el aseguramiento en salud durante 2026. Con ello, los recursos reconocidos a las EPS pasarán de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones el próximo año. Según la cartera, se trata de un esfuerzo fiscal comparable al impacto de una reforma tributaria, y confía en que las EPS hagan un uso “eficiente y responsable” de los recursos.
El Gobierno también resaltó que el aumento del régimen subsidiado ya incorpora la equiparación ordenada previamente por la Resolución 2605 de 2025 y da cumplimiento al Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, que buscaba cerrar la brecha histórica entre ambos regímenes.
Además, la UPC no será uniforme en todo el país. Se mantuvieron primas adicionales por condiciones diferenciales, como la dispersión geográfica, el carácter urbano, la atención a poblaciones indígenas y las particularidades del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde la prima alcanza el 37,9 %. También se conservaron ajustes especiales para departamentos como Guainía y para EPS indígenas, con el fin de facilitar su operación en territorios de alta complejidad.
Sin embargo, pese a estos ajustes, la reacción del sector fue inmediata y mayoritariamente crítica.
Los gremios reaccionan al aumento de la UPC
La primera y más contundente reacción vino de Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo. Su presidenta, Ana María Vesga, ha insistido en que el principal problema del sistema está justamente en ese régimen, donde se concentra el mayor gasto en salud.
En un mensaje publicado en la red social X, Vesga advirtió que el aumento aprobado tiene implicaciones desiguales. “El 16,5 % para el régimen subsidiado cierra una brecha histórica con esta población y contribuye parcialmente a la mejora de su operación. El 9 % para el régimen contributivo, donde se presenta el mayor gasto en salud, es insuficiente”, señaló.
El incremento de la UPC para 2026 tiene varias implicaciones : el 16.5% para el régimen subsidiado cierra una brecha histórica con esta población y contribuye parcialmente a la mejora de su operación. El 9% para el régimen contributivo, donde se presenta el mayor gasto en salud…
— Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) December 31, 2025
Para Acemi, la inconsistencia es evidente cuando se compara el ajuste de la UPC con otras decisiones del Gobierno. “No se explica el generoso aumento en salario mínimo, con fuerte impacto sobre el sistema de salud, y el tímido incremento en UPC. No son consistentes y persiste el desconocimiento de la crisis de atención y financiera que enfrenta el sistema”, agregó Vesga.
Los cálculos del gremio indican que la UPC debería haber aumentado al menos 17,33 %, teniendo en cuenta el gasto real en salud reportado en 2024, la inflación y el crecimiento en la frecuencia de uso de los servicios. Con el ajuste aprobado, advierten, una vez se descuente la inflación proyectada, el aumento real sería de apenas entre 4 % y 5 %, muy lejos de cubrir las necesidades del sistema.
Acemi también insistió en que el incremento de la UPC debe trasladarse de manera obligatoria a los contratos y tarifas con las IPS, para evitar que el desbalance financiero termine ahogando aún más a hospitales y clínicas. Además, reiteró la urgencia de un plan extraordinario de liquidez para un sistema que, según el gremio, atraviesa una crisis de funcionamiento sin precedentes.
En la misma línea se pronunció la Andi, que había estimado que la UPC requería un incremento mínimo del 15,6 % solo para empezar a estabilizar financieramente el sistema. Según el análisis del gremio empresarial, la insuficiencia de la UPC ha llevado a que las EPS operen con pérdidas de manera sostenida desde hace varios años.
Las cifras son elocuentes: la siniestralidad —es decir, la proporción de los recursos de la UPC que se destinan a la atención en salud— ha estado por encima del 99 % desde 2021 y supera el 100 % desde 2022. Para 2025, la Andi proyectó una siniestralidad del 105,9 %, lo que implica que por cada 100 pesos recibidos, las EPS gastan casi 106 pesos solo en servicios de salud, sin contar los costos administrativos.
Ese desbalance se traduce en un déficit operativo estimado en $10,2 billones para la vigencia, una cifra que, según los empresarios, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema si no se corrige de manera estructural.
Pacientes piensan que aumento de la UPC es bajo
Una de las reacciones más duras vino de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones de pacientes en todo el país. Para ellos, el incremento del 9,03 % en el régimen contributivo no solo es bajo, sino peligroso.
“El aumento del 9,03 % de la UPC es un atentado contra la vida y empuja al sistema de salud al colapso”, afirmó la organización en un comunicado. Según explicaron, el ajuste está muy por debajo del aumento del salario mínimo decretado para 2026, que fue del 23,7 %, lo que hace inviable cubrir costos básicos como nóminas del personal de salud, medicamentos, insumos y servicios.
“Este desajuste se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo”, advirtieron.
Qué opinan las clínicas del aumento de la UPC
Desde las IPS, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) también expresó su preocupación. Su director, Juan Carlos Giraldo, señaló que existe un “desfase significativo” entre el incremento del salario mínimo y el cálculo de la UPC para 2026.
Según explicó, el aumento del salario mínimo fue anunciado un día antes de la expedición de la resolución, por lo que no fue incorporado en el cálculo de la UPC, a pesar de que incrementará de manera directa los costos laborales de hospitales y clínicas durante el próximo año. Para el sector prestador, esto significa mayores gastos sin una compensación suficiente en los ingresos.
Qué dicen los laboratorios farmacéuticos
A las críticas se sumó Afidro, el gremio de los laboratorios farmacéuticos. Su presidente ejecutivo, Ignacio Reiten Villegas, afirmó que el aumento aprobado no cumple el mandato de la Corte Constitucional y mantiene una brecha financiera que impactará directamente la vida de los pacientes.
Desde Afidro señalaron que los análisis sistémicos siempre apuntaron a un incremento superior al 15 % y que, al sumar los rezagos acumulados de años anteriores, el sistema sigue claramente desfinanciado. También cuestionaron la falta de concertación en las mesas técnicas y advirtieron que la imposición unilateral de la cifra deja como principales afectados a los usuarios.
Un debate que seguirá en 2026
Aunque el Ministerio de Salud insiste en que los recursos son suficientes y que el incremento aprobado permitirá estabilizar el sistema, las reacciones de EPS, pacientes, hospitales, clínicas y laboratorios reflejan un escenario de alta tensión que probablemente se mantendrá durante 2026.
Con deudas de las EPS con los hospitales que, según la Contraloría, ascienden a $22 billones, y con más de la mitad de los colombianos afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno —que presentan los peores indicadores—, el debate sobre la UPC vuelve a ubicarse en el centro de la crisis del sistema de salud. Y todo indica que la última palabra aún no está dicha.
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