En Colombia, según el Dane (2020), la prevalencia más alta del consumo de estos productos está en la población de 18 a 24 años, con el 11,9 %, pero el siguiente rango está en los niños y adolescentes de 12 a 17 años, con el 6,7 %.
Las cifras demuestran por qué es cada vez más común ver a jóvenes, especialmente universitarios, conociendo y utilizando estos dispositivos y por eso hay preocupación por el grave problema de salud pública que se avecina si no se ataja a tiempo. En varios países del mundo ya hay pedagogía sobre el uso de estos dispositivos, pero en Colombia apenas está comenzando la discusión.
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Actualmente, en el Congreso cursan dos proyectos. El primero, de la representante Carolina Giraldo, quiere aumentar el impuesto a cigarrillos y vapeadores, mientras el representante Julián Peinado —en compañía de RedPapaz— busca regular la venta y el uso de cigarrillos electrónicos para prohibírselos a menores de edad, establecer restricciones para su consumo en espacios cerrados y públicos, e incluir advertencias gráficas sobre los efectos a la salud en los empaques.
Los dos proyectos avanzan y esta semana Giraldo radicó la ponencia para citar el segundo debate, pues en el primero su propuesta fue aprobada; sin embargo, hay sectores de la población que dicen estar siendo excluidos de la discusión y que se consideran claves para evaluar todas las aristas y encontrar un consenso.
Algunos de esos sectores son los consumidores y vendedores, cuyo principal pedido es que no les impongan las mismas restricciones que a los cigarrillos tradicionales.
Justamente, sobre el proyecto de Giraldo, Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación Colombiana de Vapeadores, dice que decretar un impuesto de hasta el 150 % para estos productos tendría como resultado un efecto contrario porque para las tiendas no sería sostenible venderlos. Si eso pasa, agrega, el mercado ilegal comenzaría a distribuir vapeadores sin importarle nada y eso aumenta el riesgo de que se les venda a menores de edad.
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“Además de eso, el impuesto que se pretende recoger nunca va a llegar a las arcas del Gobierno y, por el contrario, va a dejar el negocio en manos de los contrabandistas y de las bandas criminales. Sí debe existir un impuesto, pero un impuesto que tenga en cuenta toda la evidencia científica y que sea proporcional al riesgo y creemos que la ley se puede hacer mejor de lo que se está planteando. Los dos proyectos son antitécnicos porque no se tienen en cuenta muchos aspectos; incluso, hasta el Ministerio de Hacienda puso en tela de juicio este proyecto, pero la representante a cargo, Carolina Giraldo, no nos escucha; ella solo ha escuchado a RedPapaz y la Fundación Anáas, a quienes cita como fuentes oficiales en su proyecto de ley“, precisó el presidente de AsoVape.
En ese sentido, la Federación Nacional de Departamentos, en medio de la discusión en el Congreso, expuso que “el incremento propuesto sobre la tarifa del componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, que alcanza el 157 % de la tarifa actual, supone un desplazamiento de la demanda de este producto hacia el consumo de cigarrillos de origen ilegal. [… Y] las rentas departamentales que se derivan del recaudo de este impuesto, y que financian los sectores de la salud y del deporte, se reducirían con el incremento del contrabando“. Por eso, propone considerar un impuesto del 10 %, para así evitar que “la presión fiscal de estos productos” los lleve a aumentar hasta el 169 % su precio.
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Ordóñez además hace una consideración y es que no se debe aplicar el impuesto a los aparatos electrónicos, sino “al líquido, que es el que contiene la nicotina”. De esta forma, dice, se evita que la mayoría de las tiendas se vean obligadas a cerrar y se pierdan empleos en la cadena de importación, exportación y distribución.
Sobre el potencial mercado ilegal y de contrabando que se crearía, Ordóñez opina que es justamente eso lo que aumenta el riesgo de salud para niños y jóvenes, porque no habrá regulación que exija un control para venderles estos productos.
“Estamos totalmente de acuerdo que los menores de edad tienen que ser protegidos del acceso y el consumo de nuestros productos. Estamos de acuerdo que tiene que haber unos controles de calidad y unos registros para la venta, para que la gente pueda acceder a este tipo de productos, demostrando que son mayores de edad, pero creemos que tiene que ser una regulación diferenciada que tenga en cuenta la reducción de riesgos y daños, que se respeten los derechos de los adultos consumidores para que tomen la decisión que ellos consideren más adecuada”.
Ante el riesgo de que los niños tengan contacto con este producto, AsoVape dice que el sector puede promover acciones como crear un registro de quienes venden los productos y controlar a quien se le vende para asegurar que es mayor de edad“. Los consumidores y vendedores afirman que son “dos productos distintos” por cómo funcionan, pues cuando se utiliza este dispositivo se “inhala ese vapor y no hay combustión —que realmente es el factor de riesgo en el consumo de nicotina cuando se fuma—. Entonces, se reducen gran parte de las sustancias que son nocivas y cancerígenas en el consumo del tabaco y reduce sustancialmente los daños generados por el humo del tabaco“.
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Vapeadores vs. cannabis: diferencias del debate en el Congreso
En el Capitolio se ha dado más abiertamente la discusión sobre el cannabis y desde el sector del vapeo destacan que esos debates han llegado a la conclusión que se regula, pero no se prohíbe; eso les sirve de ejemplo, pero se encuentran con otras barreras:
“Es exactamente lo que pasa con el vapeo. Lo que pasa es que aquí hay un gran ‘lobby’ de organizaciones que son financiadas desde afuera, precisamente para que se impongan los impuestos y se regule o se prohíba en cada uno de los países”.
Ante eso, Ordóñez habló más en detalle de esa dificultad: “Desafortunadamente, para nosotros, como usuarios, quedamos en el medio de una guerra entre las organizaciones antitabaco y las grandes tabacaleras cuando nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en eso. A nosotros lo que nos interesa es que la gente deje de fumar; si las tabacaleras se acaban porque dejan de vender, para nosotros mejor. Nosotros no podemos sufrir las consecuencias de una guerra en contra de esta gran industria tabacalera y los que quedamos en el medio somos los adultos que queremos dejar de fumar. Se deben respetar los derechos de los adultos a acceder esos productos de manera legal en el comercio bajo unos registros y bajo unas normas muy claras”.
La asociación resume que de la regulación al cannabis aprendieron que “hay que quitarle ese negocio al narcotráfico, y no dárselo al establecer una tasa de impuesto altísima, para llevar todo al mercado negro”.
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Como mensaje a los congresistas piden escuchar todas las partes para incluir cada arista en el proyecto de ley. Por ejemplo, destacan la importancia de participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas de salud y creen que ellos como usuarios deben estar ahí.
Además, hay otro sector que quieren incluir en la discusión, dice Ordóñez: “No se está teniendo en cuenta la voz de los pequeños y los medianos empresarios, que creo que también es importante; no solamente porque es su negocio y es su fuente de empleo y de ingresos, sino que también tienen un testimonio muy importante de las vidas que han ayudado”.
En junio pasado el proyecto pasó el primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, pero le faltan otros tres debates para que el Congreso decida qué hacer con estos productos.
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