En evidencia quedó una red que se dedicaba a comercializar medicamentos vencidos, adulterados y sin efectos terapéuticos para pacientes con enfermedades graves como cáncer y diabetes. La investigación, denominada ‘Falsa Esperanza’, dejó al descubierto una estructura que habría involucrado a médicos, farmaceutas, administradores de empresas y propietarios de droguerías en varias regiones del país.
De acuerdo con El Tiempo, la alerta surgió tras el caso de un menor de edad en Cúcuta que recibió una dosis de saizen, una hormona de crecimiento que había sido alterada. El medicamento no produjo los resultados esperados y el episodio permitió a los investigadores seguir la pista de una red que también distribuía productos de alto costo como keytruda, utilizado en tratamientos oncológicos, y ozempic, empleado para la diabetes tipo 2.
El sofisticado esquema para distribuir medicamentos falsificados
Las pesquisas permitieron identificar como uno de los principales articuladores de la organización a Domingo Antonio Gutiérrez Camacaro, un farmaceuta venezolano capturado junto con otras 12 personas en operativos adelantados en Bogotá, Norte de Santander y Cesar. Para las autoridades, era uno de los responsables de coordinar la logística y la comercialización de los productos ilegales.
El medio citado indicó que la estructura operaba tanto en redes sociales como en puntos físicos de venta. El negocio era tan rentable que contaba con imprentas para fabricar empaques falsificados y una empresa de mensajería que distribuía los medicamentos en diferentes ciudades del país. Además, buscaban potenciales compradores entre pacientes que enfrentaban dificultades para acceder a tratamientos a través de las EPS.
Las interceptaciones recopiladas por los investigadores muestran cómo los implicados negociaban los productos. En una de las grabaciones se escucha a uno de los procesados decir: “Buenas tardes, ahí tengo producto, tengo adcetris, tengo keytruda de dos ampollas. Mire a ver qué otro producto sacamos bueno; estamos innovando todo, usted sabe que lo que yo vendo es bueno”.
Otro hallazgo clave es que la organización utilizaba la empresa Grupo Caroní SAS para aparentar legalidad. Esa firma estaba relacionada con establecimientos como MedicalNort y la droguería Medimecs, señalada en la investigación por la entrega del medicamento alterado al menor de edad en Cúcuta.
Según El Tiempo, los delincuentes ofrecían tratamientos a precios muy inferiores a los del mercado. Por ejemplo, vendían dosis de keytruda por cerca de 2,5 millones de pesos cuando su valor comercial podía superar los 20 millones. También distribuían medicamentos como janumet, yervoy, avastin, herceptin, adcetris y vacunas como Gardasil 9.
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