Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.
En una audiencia reciente cubierta por el diario LA PATRIA, se reveló una compleja red de extorsión que operaba desde el interior de la cárcel Doña Juana, ubicada en La Dorada. Según lo expuesto, algunos detenidos contactaban de manera ilícita a habitantes de la región presentándose como supuestos comandos del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado ilegal con presencia histórica en la zona de Los Llanos. A través de este ardid, exigían sumas de dinero a las víctimas, argumentando que los fondos se destinarían a la compra de teléfonos celulares.
De acuerdo a la información documentada por LA PATRIA, las personas afectadas realizaron consignaciones monetarias a nombre de los internos identificados como Jaider y Hermes, quienes, pese a estar recluidos en la penitenciaría, lograban establecer contacto exterior mediante llamadas. Dentro de esta estructura delictiva, la participación no se limitaba al mencionado penal: fuera de las instalaciones carcelarias, otros miembros de la banda desempeñaban el papel crucial de cobrar los giros y retirar el dinero enviado por las víctimas desprevenidas.
Un papel fundamental en la operación del circuito financiero ilícito lo desempeñaban Marta y Beatriz. Según la reconstrucción presentada durante la audiencia, su labor consistía en recibir los dineros producto de la extorsión y, posteriormente, “blanquear” o sanear estos recursos antes de entregarlos a otras personas, según lo ordenado por los cabecillas que dirigían las acciones desde prisión. Este paso permitía ocultar la procedencia ilícita del efectivo, dificultando la trazabilidad de los recursos y el rastreo de los responsables reales de la operación.
El proceso judicial, que continúa y espera una nueva etapa en febrero, deja en evidencia cómo las estructuras delictivas logran consolidar roles definidos tanto al interior como fuera del sistema penitenciario. Además, este caso subraya la vulnerabilidad a la que están expuestas las comunidades por la acción de redes criminales que, valiéndose de la intimidación y el engaño, logran movilizar recursos económicos significativos incluso cuando sus líderes se encuentran tras las rejas.
La información de este caso fue publicada y verificada por LA PATRIA tras la cobertura presencial en la audiencia judicial. Los detalles expuestos permiten dimensionar la gravedad del fenómeno de extorsión carcelaria y su impacto social, así como el desafío que representa para las autoridades judiciales y penitenciarias combatir estos delitos, proteger a las víctimas y desarticular los mecanismos financieros que los sostienen.
¿Cómo afrontan las autoridades penitenciarias los casos de extorsión desde el interior de las cárceles?
La pregunta cobra relevancia ante la persistencia de situaciones como la descrita, donde los internos burlan los controles internos para coordinar acciones delictivas con personas externas. Este fenómeno ha sido motivo de preocupación en diferentes regiones, pues las medidas adoptadas para bloquear comunicaciones ilegales y monitorear transacciones frecuentemente resultan insuficientes ante la creatividad de las redes criminales.
Entender los mecanismos de control y vigilancia que implementan los centros penitenciarios se vuelve crucial para prevenir y sancionar este tipo de delitos. Este tema también destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia y cooperación entre la administración carcelaria y la fuerza pública para identificar a los responsables, sancionar a los implicados y garantizar la seguridad de las potenciales víctimas fuera de los muros penitenciarios.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
