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El debate sobre el futuro financiero de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha escalado en las últimas semanas a raíz de la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella, respaldada por su partido Salvación Nacional, de recortar el presupuesto de esta entidad en aproximadamente 100.000 millones de pesos colombianos (COP). Esta postura ha provocado un choque directo entre el Ejecutivo y Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien advierte que tal disminución presupuestal pondría en entredicho el cumplimiento de acuerdos internacionales y las garantías para víctimas y comparecientes.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, en declaraciones recogidas por El Espectador, sostuvo que la crisis fiscal heredada del anterior gobierno (el de Gustavo Petro) obliga a todas las entidades estatales, incluidas las judiciales y de control, a suprimir gastos innecesarios entre 2026 y 2027. Lara insistió en que existe "mucha grasa" dentro de la administración pública y señaló prácticas de politiquería y despilfarro. Sin embargo, subrayó que la austeridad presupuestaria no debe interpretarse como un incumplimiento de los acuerdos internacionales, sino como un deber de responder a las dificultades actuales del país.
En respuesta a la alerta de Ramelli ante la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente Abelardo de la Espriella negó que la propuesta signifique un incumplimiento de compromisos internacionales. De la Espriella argumentó que el ajuste al presupuesto es una consecuencia natural del funcionamiento democrático y constitucional, pues corresponde al Congreso de la República debatir y decidir sobre el Presupuesto General de la Nación, según recoge El Espectador.
Para el presidente De la Espriella, la JEP ha carecido durante años de resultados suficientes. Menciona que las primeras sentencias restaurativas apenas se produjeron en 2025, y sostiene que el volumen de decisiones judiciales no justifica el tamaño de la estructura burocrática de la jurisdicción. En contraposición, su gobierno propone fortalecer la Rama Judicial ordinaria, que enfrenta una congestión de procesos y limitaciones de infraestructura y tecnología. Es importante anotar que el presupuesto presentado para 2027 contempla un aumento del 10 % para la JEP, lo que refleja el carácter polémico y contradictorio del debate.
Ramelli, por su parte, sostiene que reducir el presupuesto de la JEP afectaría su independencia y pondría en riesgo la protección de las víctimas y la ejecución de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Cooperación con la CPI en 2021. Según sus estimaciones, la reducción sería equivalente al 62 % de los fondos destinados a la compra de bienes y servicios, a una desfinanciación acumulada cercana a COP 84.663 millones (28 millones de dólares).
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué consecuencias tendría el recorte presupuestal a la JEP en Colombia?
De acuerdo con las advertencias de Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, un recorte de 100.000 millones de pesos equivaldría a una afectación del 62 % en los recursos de adquisición de bienes y servicios, comprometiendo la independencia de la entidad y las garantías para las víctimas. Además, Ramelli advirtió que este ajuste podría representar un incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno colombiano, en particular con la Corte Penal Internacional.
¿Por qué el Gobierno propone recortar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Según el ministro Rodrigo Lara y el presidente Abelardo de la Espriella, la decisión de ajustar el presupuesto responde a la crisis fiscal que enfrenta el Estado colombiano y la necesidad de suprimir gastos considerados superfluos o improductivos. De la Espriella sostiene que el volumen de resultados de la JEP no se corresponde con su aparato burocrático y que otras áreas, como la Rama Judicial ordinaria, requieren mayor inversión debido al represamiento de procesos y limitaciones tecnológicas e infraestructurales.
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Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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