Para empezar, desde diciembre de 2019 la Interpol emitió la orden de captura internacional contra la exsenadora que se podía hacer efectiva por las autoridades en 194 países, tal como sucedió este lunes en la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia.
El tipo de solicitud que pesa sobre Merlano es la que se le aplica a “fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena”; sin embargo, “no se encuentra reflejada en la página web de la Organización Internacional de Policía Criminal porque solo esta visible para las autoridades y organismos que se encuentran dispuestos a brindar la colaboración para la captura”, le explicó la Dijín a El Heraldo.
Sin embargo, pese a que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela hicieron efectiva esa orden, el proceso de aquí en adelante se complica por el “deterioro” de las relaciones diplomáticas entre ambos países, según la Cancillería.
Esto porque, recuerda ese medio, con otros casos similares el Ministerio de Relaciones exteriores ha considerado que “el tratado aplicable [de extradición] prevé que se debe hacer uso de este canal [el diplomático]; en consecuencia, en la actualidad existe una imposibilidad de hacer uso de este mecanismo de cooperación judicial”.
La justicia colombiana ya decidió apelar a su relación con Guaidó; quien ya respondió la solicitud prometiendo “toda la colaboración posible” para que se haga efectivo el proceso.
Pero el dilema no para allí, pues Vladimir Cuadros, abogado de Merlano, planteó en Blu Radio la obligación que tendría Venezuela, aun bajo el mando de Maduro, para darle cumplimiento al tratado de extradición que continúa vigente, pese al mal momento político que viven ambos países:
“Desconozco el alcance que pudiera tener esta connotación diplomática porque se trata del poder judicial. Corresponderá la espera del transcurrir de las horas para precisar qué determinación adoptará el Gobierno de Venezuela frente a esa solicitud”.
No obstante, existe otra opción para que Merlano regrese a Colombia, pero que no disminuye la dificultad porque también es autonomía de las autoridades venezolanas.
Se trata de la deportación, que, a diferencia de la extradición, no depende de que Colombia haga un trámite oficial sino que Venezuela decida por su cuenta expulsar a esa ciudadana extranjera de su territorio por haber cometido delitos.
Pero en este punto existe otra dificultad y es que a Merlano le espera una imputación en las próximas horas ante un tribunal por entrar ilegalmente a territorio venezolano y portar documentación falsa, como las identificaciones y tarjetas bancarias que se hallaron en su apartamento.
Se debe tener en cuenta que desde hace un año Colombia reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y es con su gobierno interino con quien ha adelantado las gestiones diplomáticas.
Consecuente con esto, el Ministerio de Justicia pidió a él, y no a Maduro, la solicitud formal de extradición. Eso sí, y pese a la respuesta del también diputado, no se sabe cómo Guaidó tendrá poder sobre esa decisión sin controlar a las fuerzas militares de su país o a las entidades judiciales; en especial, porque por estos días adelanta una agenda por Europa.
Esto teniendo en cuenta también que tanto el fiscal venezolano, Tarek William Saab, como Miguel Domínguez, director de grupo especial que detuvo a Merlano, son fieles chavistas que han declarado su lealtad a Nicolás Maduro y a su régimen.
Por último, cabe recordar que en Colombia además de la nueva imputación que podría esperarle a la barranquillera por fuga de presos, tiene pendiente pagar la condena de 15 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, por ser declarada coautora de corrupción al sufragante en concurso homogéneo sucesivo, y tenencia de armas de fuego y municiones, que fueron halladas en su sede de campaña en marzo de 2018.
Así lo recuerda justamente la circular roja de la Interpol que cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia:
Con esta ficha la Interpol buscaba a Aida Merlano.
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— EL HERALDO (@elheraldoco) January 28, 2020
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