El Ministerio de Justicia anunció en su cuenta de Twitter que será a él a quien solicitará en un momento dado la extradición porque el Gobierno “no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

“Cuando el juez competente solicite la extradición de la señora Aída Merlano, el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el legítimo gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó”, añadió.

Esta información resuelve una de las grandes dudas de la jornada, sobre a quién enviaría la solicitud de extradición el Gobierno de Iván Duque una vez se surta el trámite judicial que lo antecede. Sin embargo, surgen otros interrogantes sobre el verdadero impacto que esta decisión pudiera tener.

El reconocimiento a Guaidó por parte de Colombia es más un apoyo simbólico a un político que representa la necesidad de un cambio de gobierno en Venezuela, pues es bien sabido que su gobernabilidad es casi nula y su influencia prácticamente se limita al ámbito internacional.

El poder dentro de Venezuela lo ejerce Nicolás Maduro de facto, y esto incluye la gestión de trámites como la extradición. Además, autoridades como la fiscalía y el ministerio de exteriores están en manos de chavistas declarados.

No es una encrucijada menor, pues pedirle a Guaidó que proceda al respecto sería solo un nuevo esfuerzo por legitimarlo, pero también se puede ver como una decisión que privilegia sus posturas políticas en detrimento de la justicia.

Esto incluso pone a la propia Merlano en riesgo de quedar en el limbo. Para ella el pedido no tendría efectos reales y seguiría a merced de lo que decida el régimen de Maduro. Eso sí, esperar a que el Gobierno colombiano le dirigiera la palabra al dictador era difícil, pues esto implicaría reconocerlo como constitucionalmente legítimo, algo que está todavía más lejos de suceder.