Sin acusación de fraude probado, aparecen detalles de la demanda contra elección de De la Espriella

El panorama político posterior a los comicios presidenciales enfrenta un nuevo capítulo jurídico. Se ha publicado de manera oficial la copia de la demanda de nulidad electoral interpuesta ante el Consejo de Estado, la cual busca dejar sin efecto la resolución y las credenciales expedidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que oficializaron la elección de Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, para el periodo 2026-2030. La acción legal pone el foco en el margen de diferencia frente al candidato Iván Cepeda, el cual se fijó en 251.854 sufragios, es decir, menos del 1 % de los votos válidos, y solicita formalmente un nuevo escrutinio de los votos emitidos en el exterior.

Es un punto clave de la acción jurídica aclarar que la demanda no sostiene la existencia de un fraude electoral probado en esta etapa procesal. El argumento central de los seis demandantes apunta a que la Registraduría eliminó mecanismos técnicos que sí operaron en las elecciones de 2022, los cuales permitían verificar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los formularios E-14, E-24 y E-26. Según el documento entregado al Consejo de Estado, esta situación impide confirmar de manera independiente que los documentos publicados correspondan fielmente a los originales firmados por los jurados de votación, según informó Blu Radio.

“La elección presidencial queda así atrapada en una zona de oscuridad probatoria incompatible con el estándar mínimo de autenticidad electoral”, indica el texto de la demanda, donde se enfatiza que no se le exige al juez declarar un fraude probado, sino reconocer que la opacidad oficial impide descartar racionalmente hipótesis de manipulación. Por esta razón, los accionantes solicitan que se ordene de manera inmediata la preservación, entrega, auditoría y contraste de toda la prueba digital y documental bajo el control de la Registraduría, el CNE y sus operadores tecnológicos.

Entre los detalles técnicos expuestos en el expediente, se advierte que el sistema de divulgación actual suprimió metadatos, huellas digitales y estampillas de tiempo. Asimismo, uno de los cuestionamientos principales radica en que las firmas de los jurados fueron publicadas en una hoja separada de los resultados de cada mesa. De acuerdo con los peritajes y un experimento incorporado a la demanda —realizado con documentos marcados como “fake” y sin validez electoral para ilustrar el riesgo—, esta separación rompería el vínculo físico y facilitaría teóricamente la recombinación de firmas auténticas con resultados distintos mediante herramientas de inteligencia artificial.

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Para respaldar sus peticiones, la demanda incorpora informes periciales y reportes ciudadanos recopilados a través de la plataforma independiente “Testigos Digitales es 2026”, un sitio web enfocado en la verificación de actas. Con estos elementos, el Consejo de Estado tendrá ahora la tarea de estudiar los argumentos sobre la supuesta “opacidad sistémica” y definir si procede el análisis forense de los archivos digitales que marcaron el proceso electoral.