Este miércoles 4 de marzo es un día clave para la justicia colombiana. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá si llama a juicio y envía a prisión a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Aunque en agosto pasado se salvaron de la medida de aseguramiento, la situación hoy es distinta. La Corte cuenta con un nuevo arsenal de pruebas que incluye interceptaciones telefónicas y el “celular estrella” de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien delató el plan para comprar votos legislativos a cambio de contratos.
El expediente de 500 páginas revela reuniones estratégicas para asegurar el apoyo a las reformas del Gobierno. Según los chats de Benavides, el 4 de octubre de 2023 se realizó un desayuno donde se planteó la “negociación” y el 31 de octubre, en la sede del Ministerio del Interior, se habría concretado el pacto ilegal.
Una de las pruebas más escandalosas involucra a la representante Karen Manrique. Interceptaciones telefónicas la muestran coordinando proyectos viales en Tame y Puerto Rondón (Arauca). Lo grave es que, según testimonios de Sneyder Pinilla, el encargado de administrar esos contratos era el esposo de la congresista, Gustavo González Ruiz, representante de una constructora que ya ha contratado con la Gobernación.
El escándalo ya tiene tras las rejas al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y mantiene prófugos a exalfiles del presidente Petro como Carlos Ramón González. Testimonios de exfuncionarios como Sandra Ortiz y Luis Carlos Reyes confirman una directriz para “adoptar” congresistas mediante cupos indicativos para asegurar su voto.
Este miércoles se sabrá si las nuevas pruebas, que incluyen interceptaciones de finales de 2024, son suficientes para que la Corte ordene la captura de los parlamentarios, quienes hasta hoy siguen ejerciendo sus funciones en el Congreso.
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