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En la mañana de este miércoles 25 de febrero, el juez 11 penal con función de conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Cesar Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, señalado por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y hoy prófugo de la justicia.
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La decisión de segunda instancia fue tomada después de que la defensa de Soacha y de otros siete implicados en el caso apelaran la medida que ordenó el 29 de julio de 2025 la jueza de control de garantías. Las otras personas son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey; su hija Ana María Riveros Barbosa; y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, contratistas de la UNGRD. El representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la Dirección de Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Para el juez 11 penal, hay argumentos suficientes para demostrar que Manrique y las otras siete personas salpicadas por las contrataciones en el entremado de corrupción de la Ungrd, puntualmente con los capítulos de los convenios con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y los carrotanques para La Guajira, podrían interferir en el proceso penal que se adelanta en su contra o, incluso, podrían evadir a la justicia, como es el caso del exdirector de la Función Pública.
Estas personas están imputadas por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La jueza de control de garantías ordenó desde el principio la medida de aseguramiento para todos ellos.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía apuntan a que Manrique Soacha habría facilitado la entrega de COP 100.000 millones de un convenio entre la ANT y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a cambio de coimas del 7% por cada contrato; es decir, COP 7.000 millones. Los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2023 y marzo de 2024. El exjefe de la Función Pública se mantuvo en su cargo hasta su renuncia en noviembre de 2024.
En octubre de 2025, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Manrique Soacha y de las otras siete personas señaladas por el caso de corrupción. Según el ente investigador, los implicados también habrían intervenido para favorecer a particulares con contratos que buscaban garantizar agua potable mediante la compra de 40 carrotanques para atender la crisis de agua en La Guajira, instalación de plantas desalinizadoras, adecuación de pozos y prestación de servicios técnicos en varias regiones del país.
Uno de los contratos bajo la lupa de la Fiscalía es el celebrado en octubre de 2023, entre la Ungrd y la Corporación Mixta Yapurutú, por COP 29.000 millones para el suministro de carrotanques para La Guajira. La Fiscalía detectó sobrecostos por COP 11.114 millones, recursos que habrían sido repartidos entre los presuntos articuladores del esquema: COP 3.000 millones para Manrique Soacha, COP 2.060 millones para Riveros Rey y COP 4.330 millones para directivos de Yapurutú.
Pese a que la Fiscalía ha avanzado en completar el rompecabezas del caso de la Ungrd y Manrique Soacha es una de las piezas claves, el exfuncionario aún no ha respondido ante la justicia. Desde finales de julio de 2025, cuando se ordenó por primera vez enviarlo a la cárcel de forma preventiva, el exdirector de la Función Pública desapareció. Algunas versiones del ente investigador señalan que estaría prófugo en Venezuela; pero no ha podido ser ubicado y capturado, aunque en su contra también hay una circular roja de Interpol.
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