Las promesas de los candidatos en campaña durante unas elecciones son connaturales, consustanciales, a la actividad política. Todos los políticos prometen y también incumplen, y Gustavo Petro no es la excepción. Petro es un político más, de izquierda, pero político, al fin y al cabo.
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Como también fue político Gabriel Antonio Goyeneche (1886-1978), que nunca tuvo opciones, pero se hizo célebre por sus descabellados ofrecimientos: pavimentar el río Magdalena para facilitar el transporte en Colombia, construir un techo gigante para proteger a Bogotá de la lluvia, hacer solo carreteras en bajada para ahorrar combustible o convertir ríos en aguardiente echándoles anís.
Lo curioso es que el ‘candidato vitalicio’, como también se conoció a Goyeneche, tuvo quién creyera sus delirantes promesas y votara por él: en 1958 recogió 12 votos; en 1962, fueron 39; en 1966, llegó a 2.652 votos y fue el tercero en resultados, y en 1974 alcanzó 33 votos. Como nunca ganó, no tuvo manera de probar cómo haría realidad sus promesas y tampoco tuvo quién se las cobrara.
Petro, por supuesto, no hizo promesas como las de Goyeneche, ni mucho menos. Incluso, para algunos analistas, lo que ha planteado el actual presidente de Colombia puede llegar a constituir un buen diagnóstico de la realidad del país, pero con la grave dificultad de que no consigue materializar las soluciones que propone porque es un mal ejecutor.
También es completamente diferente a Goyeneche porque, para llegar al poder —por primera vez en la historia de Colombia encabezando una coalición de izquierda—, Petro obtuvo en la segunda y definitiva vuelta 11’291.986 votos. Lo consiguió haciendo promesas que convencieron a sus fieles seguidores, que no eran, hay que recordarlo, el total de colombianos que votaron por él.
Ese millonario grupo de electores estuvo conformado en buena medida por quienes votaron por Petro no por ser petristas, sino para evitar el triunfo de Rodolfo Hernández. Contra Petro también votaron los 10’604.337 colombianos que dieron su voto al ingeniero populista de derecha, no porque creyeran en sus promesas, sino para evitar el ascenso del líder de izquierda.
Así que no todo el país creía en los ofrecimientos de Petro (incluso no los conocía), pero a la postre debió aceptarlos porque el candidato del Pacto Histórico ganó y se entiende (afortunadamente) que por encima de todo deben prevalecer y ser acatadas las reglas de la democracia. Ahora llegó el momento del balance de su primer año de gobierno, que completa este siete de agosto.
Promesas que Gustavo Petro no ha cumplido
Se debe considerar que hay promesas que no se pueden cumplir en un año, ni siquiera en un mandato completo. Eso lo sabía Petro, como buen político que es. Por eso, dijo una de esas frases que suele soltar, tan críptica como preocupante: “No creemos que se puedan aprobar proyectos [sus reformas] de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este año [primero de su gobierno] con el viento a favor o después la historia nos manda hacia otros lares…”.
Una forma de ver la gestión del presidente es considerar los pilares o ideas gruesas que sustentan su propuesta global (gobierno del cambio, Colombia potencia mundial de la vida, “paz total” y política del amor), que son en sí mismas promesas de alto contenido filosófico y político, y soportan delicados temas como las reformas que planteó para sacar adelante su proyecto de gobierno.
Gobierno del cambio
Esas reformas, sin embargo, constituyen una de sus tareas pendientes. De las cinco más importantes (tributaria, salud, laboral, pensional y humanización carcelaria), solo consiguió sacar la tributaria. Petro culpa de este fracaso al Congreso y a lo que llama “golpe blando” contra su proyecto, sin considerar que él mismo rompió la coalición con los partidos tradicionales y reventó la idea de unidad nacional que invocó, y que sus ministros fueron malos gestores.
Una de esas reformas, la de la salud, ha sido la que más resistencia provoca porque curiosamente en su esencia no lleva al país a un cambio hacia adelante, sino más bien a un retroceso, pues con ella el Gobierno Nacional busca estatizar buena parte de la prestación de ese servicio, lo que devolvería a Colombia unos 30 años atrás a la época del inoperante Seguro Social.
Pero el trámite de esas reformas que faltan pinta aún peor en la segunda legislatura, pues ni su coalición ni su ministro del Interior consiguieron asegurar la presidencia del Senado, ni la presidencia de la Comisión Primera de esa corporación, instancias definitivas en estos debates, que, además, estarán marcados por las elecciones regionales de octubre.
Otra idea de cambio que constituye una regresión insoportable por su alto costo en materia de seguridad y de vidas humanas es el grave deterioro del orden público que ya devolvió al país a los niveles de violencia de hace 20 años. Hoy todo tipo de grupos armados campean en territorios y ciudades ante una desmotivada y titubeante fuerza pública.
En la lucha contra la corrupción el panorama no es mejor. Además de no haber mostrado nada del cambio que ofreció, su familia está en entredicho por las graves declaraciones de su hijo Nicolás, que le dijo a la Fiscalía que a la campaña del hoy presidente entraron dineros ilegales, lo cual constituye un duro golpe para el mandatario, y por los señalamientos contra su hermano Juan Fernando.
Y por el lado de su Gobierno las cosas no son muy diferentes, debido a los escándalos desatados por la ex jefe de gabinete Laura Sarabia y el exembajador Benedetti que terminaron en una muy grave afirmación que va en línea con lo dicho por Nicolás Petro: a la campaña de Petro presidente habrían entrado de manera ilegal 15.000 millones de pesos.
Por otra parte, después de prometer austeridad para optimizar el gasto fiscal, creó el Ministerio de la Igualdad con una burocracia que supera la de otros ministerios clave, con cinco viceministerios, 20 direcciones generales y, en total, 743 cargos (sin contar el de la vicepresidenta y también ministra Francia Márquez), con un presupuesto total solo para el segundo semestre de 500.000 millones de pesos.
Al mencionar presupuesto no se pude dejar de lado el hecho de que el Gobierno de Petro no está ejecutando el Presupuesto General de la Nación (PGN) de este año (422,5 billones de pesos). Un informe de Corficolombiana señala que la ejecución con corte a mayo es inferior al promedio de los últimos 20 años. Debido a esto, en un hecho inédito, los congresistas del Pacto Histórico citaron a debate de control político a los ministros para que rindan cuentas.
Petro también prometió un cambio en las costumbres que la izquierda siempre le reprochó al establecimiento, como el uso del servicio diplomático para pagar favores o para beneficiar a familiares o personas cercanas al gobierno, así no hicieran parte de la carrera diplomática ni tuvieran ninguna experiencia en el servicio exterior. El sindicato de trabajadores de la Cancillería señala que más de 50 funcionarios en el exterior son cuotas burocráticas y que solo el 31 % del total del cuerpo diplomático son de carrera.
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Tres botones de muestra tachan esa promesa: en el consulado de Chile, Sebastián Guanumen (tristemente célebre por los ‘petrovideos’ en los que plantea correr la línea ética); en Venezuela, Armando Benedetti (que metió a Petro en uno de sus más graves escándalos); y en Nicaragua, León Fredy Muñoz (un militante sandinista que aplaude al régimen acusado de crímenes de lesa humanidad y que quiere quedarse con una significativa porción del Caribe colombiano).
Prometió asimismo cumplir con el ordenamiento legal del país, pero, así como dice una cosa, dice otra: ignorando la separación básica de las ramas del poder público característica de las democracias liberales, aseguró que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, es su subordinado, y más tarde desacató abiertamente la orden de la Procuraduría de suspender al alcalde de Riohacha, con lo que el presidente propicia un verdadero caos institucional.
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Colombia, potencia mundial de la vida
Esta idea tiene su origen en el siguiente postulado de Petro: no dejar prosperar la tercera violencia que ya está en marcha, la de las economías ilícitas y las bandas armadas que ya no buscan derrocar al Estado, sino controlar regiones; no permitirle que crezca, con un acuerdo nacional de justicia social y ambiental que puede condesarse en el Congreso alrededor de las reformas que propone.
Pero el país no la entiende así. La vida, para la gente del común, es en primera instancia la simple negación de la muerte. Por eso, consideran que el postulado no se ha cumplido, pues solo en lo corrido de 2023 se han cometido 53 masacres, y han sido asesinados más de 20 firmantes de paz y más de 90 líderes sociales.
Esto se suma a la disparada del secuestro, que, según el Ministerio de Defensa, entre enero y mayo de este año, registró 156 casos, un incremento del 156 % frente a 2022 (cuando hubo 55 casos). Otro hecho que riñe con la idea de Petro es que más de 40.000 niños han cruzado en 2023 la selva del Darién, algunos abandonados. Otros han sido hallados junto a los cadáveres de sus madres, según autoridades panameñas.
Entender el postulado de potencia mundial de la vida es también más difícil —y resulta incluso odioso— cuando se sabe de la muerte de una niña de cuatro años, en La Plata (Huila), que recibió un disparo de las disidencias de las Farc, con las que Petro pretende adelantar negociaciones, cuando atacaron a una patrulla del Ejército; o se conoce el vil asesinato de una patrullera de la Policía en Neiva.
El ciudadano de a pie tampoco entiende cómo Colombia puede ser potencial mundial de la vida cuando es víctima de la galopante inseguridad en las ciudades, en donde el sicariato, los fleteos y otros atracos con muertos se apoderaron de las calles aterrorizando a la inerme ciudadanía.
La “paz total”
Petro ha expuesto que la paz no es simplemente una negociación entre grupos armados, sino entre la sociedad desarmada. Para el presidente, uno de los ejes de un gran acuerdo nacional es “lograr una reforma agraria que haga más equitativa la distribución de la tierra fértil del país”.
En este contexto se entenderían los procesos de negociación o sometimiento que quiere adelantar con diferentes grupos armados en el país. En campaña prometió desmovilizar al Eln en tres meses, pero cumple su primer año de gobierno con el inicio del cese bilateral del fuego que, por las posturas del cabecilla de ese grupo, alias ‘Antonio García’, se prevé un proceso muy dilatado e incierto. Por el lado de las disidencias de las Farc, no hay ni cese al fuego pactado.
En el marco de los espacios de negociación judicial y sometimiento a la justicia para bandas criminales que ofreció, condicionados a desmontar actividades, aportar verdad y entregar recursos para reparar víctimas, hasta ahora no ha habido avances claros.
Una prueba son los intermitentes contactos con el ‘Clan del Golfo’, que insiste en la idea de darse un barniz político con el pomposo nombre de ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), y que no quiere ser tratado como el grupo de delincuentes comunes que son, dedicados al narcotráfico, a la trata de personas y otros graves delitos; y las vacilantes negociaciones con las bandas de Buenaventura ‘Shotas’ y ‘Espartanos’.
En su idea de “paz total”, Petro también se quedó muy corto —quizá por lo ilegal de su contenido— en el ofrecimiento que hizo de conseguir la libertad para los integrantes de la autodenominada ‘primera línea’, muchos de cuyos miembros enfrentan graves cargos incluso por homicidio. La firme postura del fiscal Barbosa, sustentado en la normatividad colombiana, ha impedido ese propósito.
La política del amor
De amor se puede hablar, claro. Pero sobre las palabras prevalecen las acciones. Eso dio origen al viejo adagio popular ‘Obras son amores y no buenas razones’. Los críticos del mandatario han señalado que sus alocuciones y sus acciones transpiran odio y resentimiento contra los que tienen recursos y la clase media.
Eso ha quedado manifiesto en sus discursos de balcón, a los que convoca a sus seguidores y en los que enciende el resentimiento y el odio contra todo lo que considera se puede oponer a sus propósitos. La amenaza es constante: si, por ejemplo, sus reformas no pasan en el Congreso, la salida es agitar en las calles.
Otra expresión de ese sentimiento han sido los ataques a la prensa, que Petro justifica con el argumento de que, si bien los medos tienen derecho a la libre expresión, él tiene el derecho de defenderse. Ha señalado a los medios como la causa de sus dolores de cabeza, cuando lo que han hecho es informar sobre los escándalos que han estallado en su propio entorno.
Esa política del amor tampoco se entiende a la luz de sus permanentes choques con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, especialmente motivados por la construcción del metro de la capital. Más allá de las diferencias técnicas, planteadas de manera inoportuna (debido a lo tardía) por Petro, pues ya hay un contrato en marcha, lo que sale a flote es una clara rivalidad política y un permanente cobro de viejas cuentas pendientes.
Y resentimiento y rechazo, más que amor, es lo que despierta el presidente con su costumbre de llegar tarde o ni siquiera llegar a eventos en los que lo esperan con mucha expectativa. En su primer año de gobierno se le han contabilizado más de 80 incumplimientos o retrasos de varias horas.
Petro está muy lejos de ser Goyeneche, pero podría terminar pareciéndosele y pasar a la historia no por ofrecer embelecos como pavimentar el río Magdalena, sino por haber alcanzado la presidencia con muchos votos —a diferencia del ‘candidato vitalicio’— y con propuestas de altísimo contenido social marcadas por los más altos valores humanistas (paz, amor y vida), pero sin cumplirlas. Ya se le fue un año de gobierno, y el tiempo sigue corriendo…
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