La Aeronáutica Civil estuvo en el ojo del huracán en 2022, luego que Semana revelara un presunto entramado de corrupción que se gestó durante más de una década y que salpica a directivos, contratistas y funcionarios de distintas áreas. De acuerdo con la investigación de dicho medio, en la entidad se habrían montado redes de narcotráfico, nóminas paralelas y una estructura criminal que cobraba millonarias coimas por trámites internos, mientras la impunidad se mantenía como regla.
Entre los múltiples contratos cuestionados aparece uno que ha causado indignación por su descaro: la compra de 23 sillas ergonómicas para la regional Centro Sur, con un costo total cercano a los 300 millones de pesos. Cada asiento fue facturado en casi 11 millones, pese a que las especificaciones técnicas incluidas en el contrato no justifican semejante gasto.
Los documentos revelados indican que las sillas fueron asignadas al Centro de Control y a la Torre de Control en Bogotá. Lo más polémico es que, en medio de la pandemia, se avaló la adquisición con requisitos extraños: que el espaldar “proporcione apoyo a la espada” y que el tapizado “no motive el resbalarse del asiento”. Incluso se habló de un “diseño innovador y elegante” como criterio de compra.
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El exdirector Ospina Ramírez defendió la adjudicación asegurando que se trató de una subasta inversa en la que participaron tres oferentes, y que la propuesta seleccionada —aunque superó los 10 millones por silla— fue la más económica. También dijo que los requerimientos provinieron de la ARL, pero las revelaciones desataron críticas al ver cómo el dinero público terminó financiando lujos injustificables en una entidad ya señalada por corrupción.
Procuraduría decidió sobre el caso de las sillas de la Aeronáutica Civil
La Procuraduría General de la Nación decidió archivar la investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Aeronáutica Civil señalados por el polémico contrato para la compra de 23 sillas ergonómicas a un precio de casi 11 millones de pesos cada una. Así lo determinó en un documento que pudo conocer Pulzo.com.
El Ministerio Público concluyó que no se encontraron pruebas que permitieran establecer irregularidades en el proceso de contratación. Según el fallo, la adquisición se realizó bajo la modalidad de subasta inversa, se cumplieron los requisitos exigidos y no hubo evidencia de sobrecostos frente a las especificaciones técnicas solicitadas por la ARL.
Las especificaciones incluidas en el contrato exigían que las sillas tuvieran un diseño ergonómico, innovador y elegante, con respaldo que garantizara soporte lumbar adecuado y un tapizado que evitara deslizamientos. Para la Procuraduría, estas condiciones no fueron caprichosas, sino parte de los estándares técnicos que justificaban la inversión, ya que estaban dirigidas a garantizar la salud y el bienestar de los controladores aéreos encargados de labores de alta concentración.
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