La Procuraduría entró al ruedo por una de las dinámicas sociales que ha tomado fuerza este 2022 en Colombia: la invasión de tierras. En un comunicado, anunció que abrió una indagación previa por ocupación ilegal de tierras en Barú e Islas del Rosario, jurisdicción de Cartagena de Indias.
En Isla de Barú y en el corregimiento Santa Ana de Playa Blanca, el órgano de control analizará las actuaciones de los inspectores de Policía locales, así como de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Cartagena. El expediente da cuenta de invasiones, en los últimos días, a las propiedades “Buenavista”, “La Coqueta”, “Lucas Girado” y “Cabecera de la Pista”.
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“De igual manera, la Procuraduría indagará a los inspectores de Policía de Punta Canoa y Bayunca, así como a la Oficina de Instrumentos Públicos, el Concejo y la Alcaldía de Cartagena, por dos casos de ocupaciones ilegales en el corregimiento de Punta Canoa”, agregó la Procuraduría.
Por otro lado, la Procuraduría entrará a verificar la conducta de distintos funcionarios públicos por la invasión de dos lotes en San Pedro, ubicado en la carretera de Pasacaballos a Barú. En este caso, en particular, se abrió indagación contra la Concesión vía Barú, la Secretaría del Interior y el Concejo de Cartagena.
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Funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrían ser sancionados disciplinariamente, pues la Procuraduría tiene quejas de que estarían entregando contratos de arrendamiento en las islas, sin cumplir con los principios generales de contratación estatal. La entidad recordó que las islas, islotes y los cayos constituyen como reserva del Estado y no se pueden adjudicar.
El Ministerio Público investiga irregularidades en otros tres departamentos del país
“La Procuraduría cuenta con 12 investigaciones disciplinarias en Atlántico, Bolívar y Bogotá, y 10 indagaciones en Tolima, Atlántico y Bolívar por irregularidades de funcionarios que presuntamente estarían involucrados en la circulación de documentos públicos falsos, al parecer elaborados al interior de las notarías o en las Oficinas de Instrumentos Públicos”, agregó la entidad.
Según el último reporte de la Defensoría, de septiembre pasado, permanecen activos 108 casos de invasión de tierras en 26 municipios del país. Cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales, en la mayoría de los casos bajo reclamos por falta de acceso a la tierra o, desde la perspectiva indígena, por “procesos de liberación de la madre tierra”.
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