El ambicioso plan del gobierno de Gustavo Petro para cambiar el modelo de producción de pasaportes en Colombia enfrenta un nuevo y crítico obstáculo judicial. Mientras el mandatario presentaba con orgullo el diseño de las nuevas libretas con “mariposas amarillas” y tecnología de punta, la Procuraduría General de la Nación radicaba un documento que podría frenar en seco todo el cronograma.
El Ministerio Público decidió coadyuvar una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando medidas cautelares de urgencia para suspender los efectos de los convenios entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
Según la investigación conocida por El Tiempo, el procurador delegado Marcio Melgosa advirtió sobre irregularidades de fondo que pondrían en duda la validez jurídica del proceso de 1,3 billones de pesos. Entre los hallazgos más graves se encuentran:
- Documentos sin firmas: el “documento madre” que dio vía libre a la alianza con Portugal carecería de rúbricas oficiales, lo que afectaría su legalidad.
- Falta de análisis financiero: no existen cotizaciones comparativas ni un modelo financiero que respalde por qué se pactó ese valor. “Se determinó sin metodología verificable”, señala el ente de control.
- La Imprenta “no hará nada”: la Procuraduría constató que la Imprenta Nacional no ejecutará materialmente ninguna actividad sustancial. Su rol se limitaría a recibir capacitación y pagar, mientras que Portugal se encargaría de todo el diseño, producción y distribución.
Mientras el Tribunal define si suspende o no el convenio, la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, confirmó que Thomas Greg & Sons seguirá produciendo las libretas por unas semanas más hasta agotar existencias. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que la falta de estudios de riesgo impidió evaluar si existían opciones más eficientes o menos costosas para el país.
Dos despachos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tienen hoy la última palabra. Fuentes judiciales no descartan que en las próximas horas se ordene una visita especial de control para verificar los datos suministrados por la Procuraduría y por el ciudadano Nicolás Dupont, quien impulsó la acción popular. De decretarse la suspensión, el Gobierno Petro quedaría en un limbo contractual para garantizar la expedición del documento de identidad a los colombianos.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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