Se levantó la medida cautelar que suspendía de manera indefinida la adjudicación de la alianza público privada (APP) del Canal del Dique. Por esto, la Procuraduría le reiteró a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Transporte que siguieran las recomendaciones y observaciones sobre los riesgos ambientales y sociales que implicarían la ejecución del proyecto. Además, le puso énfasis a los compromisos impuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los cuales no se han levantado, para que se adopten medidas de protección de cuerpos no identificados de personas dadas por desaparecidas.
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El llamado de atención de la Procuraduría se dio durante el desarrollo de las mesas de seguimiento preventivo que instauró el ente de control para hacerle seguimiento a la licitación y adjudicación del Canal del Dique. Estas mesas se reanudaron luego de que se levantara la medida cautelar que suspendía la adjudicación a cargo de la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
La Procuraduría le insistió a la ANI que cumpliera con los requerimientos que le realizó sobre la medida preventiva impuesta por la JEP. La ANI debe entregar un protocolo de arqueología forense y un documento con los lineamientos y protocolos donde se adopten medidas preventivas o de verificación en el proceso de dragado para la protección de los cuerpos no identificados de personas dadas por desaparecidas quienes estarían dispuestos en el Canal del Dique.
La JEP ordenó medidas cautelares al proyecto de la ANI, que cuenta con un presupuesto de hasta $3,1 billones, para proteger a cerca de 9.000 cuerpos desaparecidos de los que se tienen registro. En la cuenca del Canal del Dique, entre 1991 y 2015, ocurrieron entre 6.765 y 9.638 desapariciones forzadas por parte de miembros de las autodefensas en los 115 kilometros que corresponden al canal. En la decisión, la JEP identificó “la coincidencia de las obras que impactan el lecho del canal del Dique durante todo su recorrido, con la posibilidad de encontrar restos de personas dadas por desaparecidas en todo el cuerpo de agua”.
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Además, la Procuraduría también le advirtió a la ANI que evaluara correctamente los impactos ambientales y actualizara la matriz de riesgo para la obtención de la licencia ambiental que necesita el proyecto para ejecutarse. Esto, sobre la pertinencia del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique para evaluar el manejo ambiental de la ejecucion del proyecto.
Las medidas cautelares de la JEP, las cuales aún siguen firmes, también le ordenaron a Cormagdalena (quien también es responsable de la concesión) “que informe, de manera previa e inmediata, a la JEP y a la Unidad de Búsqueda cualquier tipo de intervención (construcción, reparación, dragado o cualquier obra civil) en el Canal del Dique con ocasión o no de emergencias naturales, mientras se encuentre vigente esta medida”.
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