Un juzgado de Bucaramanga ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el subintendente Richard José Sierra Bravo, investigado por su presunta participación en el intento de hurto a una joyería en un centro comercial de la capital santandereana, hecho en el que murió el intendente de la Policía, Fredy Leal.
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La decisión fue tomada por el Juzgado 11 Penal Municipal, con función de control de garantías, que además negó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa del uniformado.
El juez determinó que Sierra Bravo deberá permanecer recluido mientras avanza el proceso judicial. Asimismo, le impuso restricciones no privativas de la libertad, entre ellas la prohibición de salir del país. La autoridad judicial argumentó que existía riesgo de vencimiento de términos y otros factores que hacían necesaria la medida intramural para garantizar el normal desarrollo de la investigación.
Durante la diligencia, el despacho explicó que, tras el análisis detallado de las pruebas presentadas por la Fiscalía, se concluyó que el subintendente habría actuado como coautor del crimen y no como cómplice, como se pensó inicialmente.
Entre los elementos evaluados se encuentran la versión de un testigo clave y la declaración de uno de los delincuentes capturados, quien decidió colaborar con la justicia y entregó información relevante sobre la planeación del atraco.
El juez destacó que Sierra Bravo tenía una trayectoria de 18 años en la institución, con más de nueve condecoraciones —la última otorgada en 2024— y más de 60 felicitaciones.
Sin embargo, su experiencia y reconocimiento habrían sido precisamente los factores que lo convirtieron en una pieza valiosa para la estructura delincuencial que planeó el hurto. Según se reveló en audiencia, la banda buscaba un agente con peso institucional que facilitara movimientos internos y generara confianza dentro del centro comercial.
Las investigaciones permitieron establecer que los implicados se reunieron durante más de un mes, dentro y fuera del centro comercial, para coordinar cada detalle del robo. En ese periodo, el subintendente habría participado en reuniones de planeación, lo que reforzó la tesis de la Fiscalía sobre su rol determinante en el crimen.
Con estos elementos, el juzgado descartó la figura de cómplice y decidió avanzar en el proceso bajo la hipótesis de coautoría, lo cual agrava la responsabilidad penal del uniformado. Mientras continúan las investigaciones, Sierra Bravo permanecerá privado de su libertad en un centro carcelario, a la espera de nuevas audiencias que definirán su situación jurídica.
El caso sigue causando preocupación dentro de la institución policial, pues involucra a un uniformado con amplia trayectoria en un hecho que terminó con la muerte de otro agente en cumplimiento de su deber.
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