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El proyecto del Presupuesto General de la Nación propuesto para 2026 en Colombia ha intensificado los debates legislativos, convirtiéndose en un foco de controversia en el Congreso de la República. La propuesta, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, enfrenta cuestionamientos especialmente por el aumento asignado al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en contraste con recortes aplicados a instituciones claves como la Defensoría del Pueblo. Esta decisión presupuestal no solo despierta preocupaciones sobre el uso de recursos estatales, sino que también añade tensión en el escenario político previo a las elecciones de 2026.
Durante el primer debate, la cifra global del presupuesto se redujo en COP 10 billones, bajando de COP 556,7 billones a COP 546 billones. Sin embargo, sectores legislativos insisten en que dicho recorte es insuficiente y advierten de la posibilidad de requerir una ley de financiamiento, lo que implicaría nueva deuda pública. El centro de la polémica se ubica en el Dapre, dirigido por Angie Rodríguez, ya que su presupuesto aumentó de COP 1,11 billones a COP 1,40 billones de cara al segundo debate. Este incremento de COP 280.000 millones ha sido fuertemente criticado por figuras como la senadora Angélica Lozano y el representante Hernán Cadavid, quienes lo califican como un “descaro monumental”, señalando la falta de controles y reglas claras en pleno periodo de ley de garantías electorales, según lo informado en medios como El Espectador.
Esta polémica refleja la fragilidad de la confianza pública en la administración estatal. Diversos estudios, como los elaborados por el Centro de Estudio de Políticas Públicas de la Universidad de los Andes en 2024, advierten que la utilización de recursos presupuestales sin reglas claras puede impactar negativamente la competencia democrática, sirviendo de escenario para prácticas que socavan la equidad electoral. Además, organizaciones como Transparencia Internacional han insistido en que la transparencia debe ser el eje rector de la asignación y uso de recursos estatales, especialmente en tiempos electorales.
Mientras tanto, el recorte a la Defensoría del Pueblo, que perdió COP 59.530 millones para 2026 según su defensora Iris Marín, representa una disminución del 11,2 % del presupuesto solicitado. Esta reducción se traduce en un desafío mayor para la protección y supervisión de derechos fundamentales, justo cuando la demanda social por estos servicios crece y el país enfrenta niveles significativos de violencia y vulneración de derechos humanos, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch para 2025.
Expertos en economía, como Luis Carlos Reyes, subrayan que estos movimientos presupuestales suelen responder a dinámicas políticas más que a criterios técnicos, acentuando riesgos de debilitamiento institucional. A esto se suma la preocupación generada por la posibilidad de una nueva ley de financiamiento, que podría aumentar el endeudamiento estatal en COP 16 billones, según análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP), poniendo en vilo la solidez fiscal del país.
En definitiva, la discusión presupuestaria actual evidencia un profundo choque entre intereses políticos y compromisos técnicos, alertando sobre la necesidad de establecer controles efectivos y de garantizar la transparencia. El manejo del presupuesto tendrá consecuencias directas en la consolidación institucional y en la credibilidad de la democracia colombiana, de cara a los próximos comicios presidenciales.
¿Qué es la ley de garantías electorales y cómo afecta el uso del presupuesto?
El término “ley de garantías electorales” hace referencia a una normativa que restringe el uso de fondos y acciones del Estado durante periodos previos a elecciones, con el fin de garantizar igualdad en la competencia y evitar el uso político de los recursos públicos. Su aplicación es clave para impedir que gobiernos de turno favorezcan campañas o candidatos desde la administración central. En el contexto del presupuesto de 2026, la falta de controles fiscales precisos sobre el incremento en el Dapre causa inquietud, ya que podría vulnerar el espíritu de esta ley y generar ventajas indebidas en el proceso electoral, como advierte la senadora Angélica Lozano.
¿Por qué la Defensoría del Pueblo es relevante en el contexto colombiano?
La Defensoría del Pueblo es una entidad encargada de velar por la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia, supervisando la actuación del Estado frente a la ciudadanía. En medio de un escenario donde las denuncias por violaciones a derechos humanos son recurrentes, el rol de esta institución es fundamental para brindar orientación, acompañamiento y para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. El recorte presupuestario que enfrenta para 2026, según denuncia su titular Iris Marín, puede limitar gravemente su operatividad, justo cuando la demanda ciudadana por defensa de derechos fundamentales es más alta, en un país aún marcado por altos niveles de violencia y conflictividad social.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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