El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Cuatro soldados del Ejército Nacional de Colombia llevan entre dos y cuatro meses secuestrados en los departamentos de Cauca y Nariño, bajo el control de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Las víctimas, Jeison Javier García Rodríguez, Brayan Stiven Ruiz Toro, Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guacheta Guacheta, permanecen desaparecidas a pesar de los operativos y protocolos de búsqueda desplegados por el Ejército. La institución ha condenado públicamente los hechos y reitera su voluntad de agotar todas las acciones disponibles para garantizar el retorno seguro de los uniformados, aunque hasta el momento no ha obtenido resultados concretos con respecto a su liberación (texto proporcionado por el usuario).
El caso más prolongado afecta a Jamerson Adrián Guacheta, secuestrado el 24 de julio de 2025 en la vereda San Miguel, municipio de Cajibío (Cauca), presuntamente por la estructura Fredy Martínez, una célula disidente de las Farc con amplia actividad en ese territorio. A los pocos días, el 26 de julio, Juan David Buitrón Caicedo fue retenido en Balboa, también en Cauca, cuando se encontraba de permiso. Otro incidente relevante tuvo lugar el 24 de agosto en Cumbitara, Nariño, durante la Operación Cordillera, que enfrentó a las autoridades con la estructura Franco Benavides: allí, Jeison García y Brayan Ruiz fueron privados de la libertad en medio de los combates (texto proporcionado por el usuario).
Estos secuestros reflejan la persistente influencia y operatividad de grupos armados ilegales en el suroccidente del país, a pesar de los constantes esfuerzos estatales por recuperar el control territorial. De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), las disidencias de las Farc conservan más de treinta estructuras activas, basadas en la combinación de narcotráfico, minería ilegal y confrontaciones armadas; su accionar golpea de manera grave tanto a comunidades locales como a la Fuerza Pública en zonas vulnerables como Cauca y Nariño (INDEPAZ, 2025).
Expertos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) explican que la fragmentación experimentada por las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, sumada a la limitada presencia estatal en varias regiones, ha favorecido la aparición de nuevos desafíos para la protección ciudadana y el fortalecimiento institucional. Este fenómeno, además, no se restringe al secuestro de soldados: episodios similares han afectado en departamentos como Arauca a agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y policías, retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo armado con fuerte presencia regional (El Espectador, 2025).
La práctica del secuestro en Colombia, según evidencia recopilada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ha sido recurrente como método para el control territorial y la financiación ilegal durante décadas, afectando gravemente tanto a las víctimas como a sus familias. Los recientes esfuerzos militares incluyen la aplicación de inteligencia, cooperación institucional y presencia comunitaria, pero, como advierte la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe de 2024, sin un enfoque integral que contemple desarrollo social y fortalecimiento institucional, se dificultará la erradicación de este flagelo.
Frente a este contexto, se resalta el papel clave del periodismo en la visibilización de los casos, la vigilancia de la situación de derechos humanos y el mantenimiento del debate público necesario para exigir respuestas estatales. Herramientas tecnológicas innovadoras, señala el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), pueden potenciar la transparencia y el acceso a información confiable sobre estos hechos. Así, la persistencia de los secuestros en Cauca y Nariño devela no solo la fragilidad estatal, sino también la urgencia de conjugar estrategias de seguridad, justicia y reconciliación para avanzar hacia una paz duradera.
¿Qué factores dificultan la acción del Estado en regiones afectadas por los secuestros? El debate sobre la presencia estatal en departamentos como Cauca y Nariño suele centrarse en la limitada cobertura institucional y la fragmentación posterior al Acuerdo de Paz con las Farc. Según la Fundación Ideas para la Paz, la ausencia de una estrategia integral y permanente no solo dificulta la protección de la ciudadanía, sino que además facilita la consolidación de economías ilícitas y la consolidación territorial de grupos armados. Ello incide directamente en la capacidad de respuesta ante episodios de violencia como los secuestros, perjudicando la seguridad y confianza de la población en las instituciones.
La situación se complejiza ante la presencia de múltiples estructuras ilegales que no solo disputan el control de economías criminales, sino que recurren al secuestro como mecanismo de presión y financiamiento. Los expertos sostienen que cualquier política orientada a contrarrestar este flagelo debe contemplar el fortalecimiento institucional, la cooperación entre entes del Estado y la inversión en desarrollo social para reducir la vulnerabilidad de las comunidades más expuestas.
¿Qué protocolos aplica el Ejército Nacional ante un caso de secuestro? Ante incidentes de secuestro, el Ejército Nacional informa la activación inmediata de protocolos específicos que incluyen el despliegue de operaciones de búsqueda, la recopilación de inteligencia local y el establecimiento de comunicación permanente con autoridades civiles. La colaboración interinstitucional es esencial, permitiendo articular esfuerzos con organismos judiciales y de derechos humanos, y coordinar con grupos locales para obtener información oportuna sobre la situación de los retenidos.
No obstante, pese a la puesta en marcha de estos protocolos, los resultados suelen ser limitados en regiones donde la estructura criminal está fuertemente arraigada y el acceso logístico es difícil para las autoridades. Los analistas del CNMH y de la OEA consideran que, junto a las medidas reactivas, es fundamental la prevención a través de estrategias de desarrollo, cooperación social y mayor presencia del Estado para reducir tanto el riesgo de secuestros como el margen de acción de los grupos armados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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