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El presidente Abelardo de la Espriella ha respaldado públicamente la propuesta de reducir en 100 mil millones de pesos colombianos el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el año 2027, trasladando estos fondos a la rama judicial ordinaria. De acuerdo con la información divulgada, esta iniciativa busca dirigir los recursos directamente al Consejo Superior de la Judicatura, con el objetivo de aumentar el número de jueces y despachos judiciales en todo el país, lo que, según sus promotores, significaría una transformación en el acceso a la justicia para los ciudadanos.
La propuesta nació en el Congreso, presentada por el senador Enrique Gómez, miembro del partido Salvación Nacional. Gómez sostuvo, en declaraciones citadas el 17 de septiembre, que su partido radicó “dos proposiciones determinantes al Presupuesto 2027”. Explicó que de ser aprobadas, el financiamiento se desviaría del “funcionamiento del esperpento de la JEP” al Consejo Superior de la Judicatura, recalcando que esta redistribución no tendría “costo adicional para el país” y sí representaría un impacto significativo para la ciudadanía. Gómez justificó el recorte indicando que la JEP ha costado “cuatro billones” y sus resultados son “desastrosos, lamentables”, llegando a calificarla como “la jurisdicción de la impunidad”. Agregó que la justicia ordinaria arrastra un “rezago” y está desbordada, por lo que considera necesario fortalecerla con estos recursos.
El apoyo presidencial quedó consignado en un mensaje en la red social X (antes Twitter), donde el presidente de la Espriella compartió la frase: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, en respuesta directa a la propuesta de Gómez.
Este debate en torno a la asignación presupuestal ocurre en un contexto cada vez más tenso para la justicia colombiana. Tanto la JEP como otras instituciones, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, han advertido que el presupuesto proyectado para el año siguiente es insuficiente. Por ejemplo, el magistrado Alejandro Ramelli presentó al Congreso un informe en el que señala que la JEP requeriría más de 84 mil millones de pesos adicionales para cubrir sus funciones en 2027. Ramelli argumentó que las tareas de la JEP incluyen, además de emitir fallos, otras seis funciones relevantes como la representación de víctimas, asesorías jurídicas, atención psicosocial y la asignación de esquemas de protección, lo que justifica su necesidad de más recursos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué proponen recortar el presupuesto de la JEP y trasladarlo a la justicia ordinaria?
La propuesta busca quitarle 100 mil millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y entregarlos al Consejo Superior de la Judicatura, es decir, a la justicia ordinaria. El senador Enrique Gómez argumenta que la JEP ha recibido mucho financiamiento, pero sus resultados han sido “desastrosos”, y considera que fortalecer la justicia ordinaria es una “necesidad sentida” ante su rezago y la sobrecarga de casos.
¿Cuáles son las funciones adicionales de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Según el magistrado Alejandro Ramelli, la JEP no solo emite fallos judiciales sino que también cumple otras seis funciones, como la representación de víctimas, brindar asesoría jurídica, ofrecer atención psicosocial y asignar esquemas de protección. Estas tareas son parte del trabajo fundamental que justifican su petición de contar con un presupuesto mayor.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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