El extremo recurso retórico de Patricia Lara en su columna de El Espectador, con el que pone al expresidente Álvaro Uribe en la condición de padre común y corriente, llama poderosamente la atención porque, además, compara al hijo mayor del líder del Centro Democrático con un joven asesinado por los militares.
La columna de Lara, dirigida directamente a Uribe como si fuera una carta abierta, se inscribe en la ola de reacciones que desató la afirmación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el sentido de que en Colombia no se habían presentado 2.248 falsos positivos, como sostenía la Fiscalía, sino 6.402, y que la mayoría de esos crímenes ocurrieron entre los años 2002 y 2008, que corresponden a la administración de Uribe.
El expresidente ha insistido en que en su administración (2002-2010) se trabajó para evitar las ejecuciones extrajudiciales, y privilegió otros resultados sobre las bajas.
Lara comienza haciendo un paralelo entre Tomás Uribe y Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de Soacha que fue engañado y llevado a Ocaña (Norte de Santander), donde finalmente fue asesinado por militares que le pusieron uniforme y una pistola para hacerlo pasar como guerrillero muerto en combate.
La comparación entre los dos jóvenes la plantea la columnista inicialmente en términos de edades (en el 2008, Tomás y Fair Leonardo tenían 26 años), pero después presenta una abismal diferencia desde el punto de vista de las actividades a que se dedicaban cada uno de ellos y su condición social.
“Mientras Tomás era un empresario precoz y exitoso, hijo del presidente de la República, Fair Leonardo era un joven discapacitado, con dificultades de movilidad en la pierna y el brazo derechos, que también padecía un retardo mental, a pesar de lo cual hacía mandados en su barrio de Soacha y, con lo que ganaba, a diario le llevaba de regalo una rosa a su madre”, escribe Lara.
Después, apelando al mismo recurso que evoca una balanza muy desequilibrada en estas vidas ‘paralelas’, sostiene que “mientras Tomás hacía crecer sus negocios, Fair Leonardo era engañado por alguien a quien le pagaron $200.000 para que lo llevara a Ocaña”. Y detalla la terrible travesía de la familia de Fair Leonardo para encontrarlo.
Lara apela al editorial de El País, de España que agitó el tema internacionalmente la semana pasada al asegurar que Uribe “guarda verdad” sobre los falsos positivos y debe responder. “No, expresidente —escribe Lara—. […] Usted tiene que responder: se trata nada menos que de 6.402 jóvenes inocentes que fueron ultimados y disfrazados como guerrilleros por miembros del Ejército a los que su gobierno les pagó y les dio prebendas por mostrar resultados, es decir, por matar guerrilleros, pero estos muchachos no lo eran. Como tampoco lo era su hijo Tomás”.
Y termina con la temeraria pregunta: “¿Qué habría hecho usted si el que hubiera aparecido en la fosa común no hubiera sido Fair Leonardo sino Tomás? ¿No hubiera exigido que juzgaran a los responsables?”.
Ricardo Silva Romero suma a estas otras preguntas, no a Uribe, sino en general, que conducen, en todo caso, a la idea del sufrimiento de los padres por la pérdida de sus hijos, un dolor que es superior cuando esa pérdida ocurre en las circunstancias en que se produjeron los falsos positivos.
“¿Qué puede hacer un país con la noticia de que en sus tinieblas, de 2002 a 2008, sucedieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales?: ¿qué puede hacer una cultura si se entera de que 6.402 víctimas fueron disfrazadas de victimarios luego de ser ejecutadas por agentes del Estado?”, se pregunta Silva en su columna de El Tiempo, y responde: “ Puede oír las voces de las madres que […] sueñan con preguntarles ‘¿ustedes tienen hijos?, ¿les gustaría que les mataran a uno?, ¿por qué mataron al mío?’ a los verdugos de sus niños”.
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