Por medio de un extenso comunicado, Álvaro Uribe calificó la información de la JEP como sesgada y dijo que estaba siendo objeto de un “nuevo atropello” para desacreditarlo.

Sin embargo, más que el ataque personal que ve Uribe, la revelación de la Jurisdicción Especial para la Paz es bastante delicada y grave, por decir menos, pues elevó a 6.402 los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, entre 2002 y 2008.

Ante eso, el expresidente aseguró que sus política “siempre privilegió la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados”; además, afirmó que en su administración fueron capturados 36.363 criminales y “las bajas” totalizaron 13.992.

Estas cifras, dijo, las recuerda para “garantizar la transparencia de la política de Seguridad Democrática” que tanto predicó en su Gobierno.

Uribe afirmó que dio la orden para que si alguien era “dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FF. AA. y se esperara la llegada del representante del CTI de la Fiscalía”.

En uno de los puntos de su comunicado, también afirmó:

“No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch —una de las ONG que más ha hecho denuncias sobre este oscuro episodio—, pidió al exmandatario “respetar la independencia judicial” y dijo que las evidencias sobre los ‘falsos positivos en su gobierno “son incontrovertibles”:

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El Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados o suboficiales.

La JEP reconoce que la cifra anunciada hoy es diferente de los datos de instituciones como la Fiscalía y señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas”, periodo que coincide con la presidencia de Uribe.

Según el alto tribunal, sólo entre esos años se registró el 78 % del total de la victimización histórica, crímenes que se redujeron “drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.

La JEP explicó hoy que abrió el Caso 3 después de recibir informes de varias fuentes entre ellas la Fiscalía que había determinado que esos asesinatos aumentaron sustancialmente a partir del 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008.

El alto tribunal aseguró que las víctimas fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.

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Estas son las publicaciones del expresidente al tribunal de paz:

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