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Escrito por:  Julian Bermúdez
Editor     Ago 25, 2026 - 1:21 pm

El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre operativos contra migrantes en situación irregular generó preocupación entre los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia, especialmente por el temor de que las medidas terminaran afectando a personas que ya regularizaron su permanencia en el país.

Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó en entrevista con Noticias Caracol cuál será el verdadero alcance de estas acciones y aseguró que los venezolanos que cuentan con un estatus migratorio regular no son el objetivo de la estrategia.

La preocupación comenzó después de que De la Espriella ordenara a Migración Colombia y a la Policía realizar operativos para identificar a extranjeros que se encuentren en situación irregular o que estén involucrados en delitos. El mandatario fue enfático al señalar que quienes estén cometiendo delitos y sean extranjeros serán deportados.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos”, afirmó el presidente durante un consejo de seguridad.

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De la Espriella también indicó que los operativos deberían enfocarse, primero, en extranjeros que estén cometiendo delitos y, segundo, en quienes no tengan regularizada su situación migratoria.

Pero, ¿esto significa que los venezolanos que viven legalmente en Colombia están en riesgo? Según Rodrigo Lara, la respuesta es no.

El ministro explicó que durante los años más fuertes de la crisis migratoria venezolana, particularmente entre 2019 y 2021, cerca de dos millones de ciudadanos de ese país llegaron a Colombia. Una gran mayoría logró regularizar su permanencia y acceder a mecanismos de protección.

Entre ellos están los venezolanos cobijados por el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento que les permite permanecer legalmente en Colombia, trabajar formalmente, acceder a servicios y movilizarse dentro del territorio nacional.

Al ser preguntado directamente sobre si las personas que tienen PPT podrían ser deportadas como consecuencia de los nuevos operativos, Lara fue categórico: “No. Naturalmente que no”.

El funcionario insistió en que los venezolanos que recibieron este mecanismo de protección y se integraron a la sociedad colombiana “no son migrantes ilegales de ninguna manera”.

Entonces, ¿a quiénes busca el Gobierno?

De acuerdo con Lara, el foco está principalmente en extranjeros que permanezcan irregularmente en el país, personas vinculadas con actividades delictivas y, especialmente, organizaciones criminales que se lucran con el tráfico y la trata de migrantes.

Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno está en las zonas de tránsito hacia Panamá, particularmente el Darién. Según el ministro, allí operan redes criminales que utilizan el movimiento de migrantes para obtener beneficios económicos.

“El problema aquí no es de millones de personas que han llegado indocumentadas a vivir en Colombia, no, ese no es el problema”, explicó Lara.

La ofensiva migratoria, además, hace parte de una estrategia de seguridad más amplia. El Gobierno prepara un estatuto antiterrorista que será presentado al Congreso y que contempla crear una lista nacional de organizaciones consideradas terroristas, además de establecer medidas especiales contra ellas.

Lara mencionó entre las estructuras que actualmente el Gobierno considera terroristas a las disidencias de las Farc, el Eln y la Segunda Marquetalia. El proyecto también contemplaría agravantes para determinados delitos y un régimen penitenciario especial.

Así, aunque el anuncio de De la Espriella provocó preocupación entre los migrantes, la explicación del ministro marca una diferencia clave: la estrategia no está planteada contra los venezolanos regularizados, sino contra la migración irregular vinculada con delitos y las redes criminales que se benefician de ella.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua

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