El Distrito, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, interpuso una denuncia ante Fiscalía y una queja disciplinaria ante Procuraduría General de la Nación para que se investiguen y se judicialicen a los responsables de las muertes de Juan Sebastián Arismendi y Yeisson Anderson Beltrán, tras quedar bajo custodia de la Policía Nacional. Asimismo, solicitó que sean suspendidos los uniformados que podrían estar implicados en los casos.

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La Secretaría de Gobierno solicitó la medida e interpuso una denuncia ante Fiscalía y una queja disciplinaria ante Procuraduría, para que se investiguen las muertes de Juan Sebastián Arismendi y Yeisson Anderson Beltrán, ocurridas bajo custodia de uniformados de la Policía Nacional.

“La Secretaría de Gobierno de Bogotá condena los hechos donde perdieron la vida los ciudadanos Yeisson Anderson Beltrán y Juan Sebastián Arismendi, ambos ocurridos en hechos posteriores a procedimientos adelantados por la Policía Nacional y bajo custodia de uniformados de la misma institución”, indicó la entidad en un comunicado.

Sobre los casos de ambos jóvenes, se conoce que Beltrán estaba siendo trasladado por protección en un vehículo de la Policía Nacional, producto de una riña en la localidad de Bosa. Sin embargo, luego fue hallado muerto al interior del carro. Frente a Arismendi, el joven de 26 años fue arrestado en la localidad de Suba por hurto sin estar denunciado. En la estación de Policía, a la que fue trasladado y fue objeto de golpizas y agresiones que le causaron su muerte.

“La policía en nuestra ciudad tiene todo nuestro apoyo y respaldo, pero ante hechos de posible abuso policial debemos ser contundentes. Así como respaldamos el ejercicio diario de la Policía por mantener el orden y garantizar la seguridad, también exigimos el estricto cumplimiento de la ley, la Constitución y los Derechos Humanos”, sentenció el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel.

La dirección de Derechos Humanos activó la Ruta de Atención a víctimas de presunto abuso de la Fuerza Pública y se encuentra acompañando y brindando orientación jurídica a las familias afectadas.

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Por su parte, la Procuraduría General de la Nación determinó constituir una supervigilancia administrativa para que siga el caso de Arismendi, lo cual le permite actuar como sujeto procesal y solicitar pruebas dentro de la actuación disciplinaria.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, llamó la atención del Gobierno Nacional para que acelere la implementación de planes de choque y medidas para resolver la crisis carcelaria de manera definitiva.

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