Este 27 de marzo se dio un paso histórico para la Colombia rural con la firma de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, la cual modifica la Ley 270 de 1996 y permite un enfoque especializado en la justicia colombiana para solucionar conflictos de tierras y agrarios en el territorio nacional.
¿Qué es la Jurisdicción Agraria?
A muchos les sonará enredado el nombre, pero es más simple de lo que suena. Esta norma ordena la creación de nuevos juzgados en la justicia colombiana con jueces y tribunales dedicados exclusivamente a la resolución de conflictos de tierras y agrarios.
Esto, según afirmó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), implica que los campesinos ya no tendrán que desplazarse a grandes ciudades para reclamar sus derechos, sino que contarán con un equipo profesional y cercana que entiende la realidad social y cultural de cada territorio.
De igual forma, la ley establece que los jueves y magistrados que participen en la Jurisdicción Agraria deben ser expertos en derecho agrario y ambiental. Además, deberán tomas decisiones rápidas, justas y respetuosas de la diversidad étnica y de género.
“No es poco lo que aquí estamos celebrando. Es una manera de hacer la Reforma Agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado. Hemos traído libertad, superando las necesidades vitales de mucha gente y aún hay que seguirlo haciendo, (porque) aún falta agua potable, aún falta más comida, aún falta mucha más educación, aún falta mucha más salud”, subrayó el presidente Gustavo Petro.
Facilitadores agrarios acercarán a campesinos con la justicia agraria
Además de los nuevos jueces y magistrados, la nueva legislación crea la figura de facilitadores agrarios que tendrán la tarea de orientar a los ciudadanos de forma gratuita para que los procesos sean claros y comprensibles.
De igual forma, la ANT aclaró que la atención de la Jurisdicción Agraria estará enfocada en las zonas más afectadas por el conflicto, como los municipios PDET donde hay mayores desigualdades por la propiedad de la tierra.
“Hoy, tenemos el orgullo de presentar la Ley que este gobierno sacó con el Congreso de la República, para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelven la dignidad al campesinado, y que no sea la violencia la que dirima los conflictos. Fue la apuesta esencial del acuerdo de paz”, manifestó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.
Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras y quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de esta justicia, aseguró:
“Este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.
¿Qué paso sigue en la creación de la Jurisdicción Agraria?
De ahora en adelante el reto es la creación de una ley ordinaria que establezca las reglas especiales de procedimiento y operación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
El Consejo Superior de la Judicatura estará encargado de implementar la nueva jurisdicción, creando y organizando los tribunales y juzgados agrarios y rurales, pero también asignando los equipos técnicos y asegurando que los jueces y magistrados estén debidamente capacitados.
En Córdoba entregaron tierras a campesinos afectados por inundaciones
Además de la firma de la nueva ley, el presidente Gustavo Petro confirmó la entrega de 3.000 hectáreas de tierra a más de 1.000 familias afectadas por la emergencia climática.
“Quiero darle las gracias a este Gobierno por pensar en el campesinado que ha vivido todo este tiempo trabajando con las dificultades en este tipo de humedales y que no tenemos la dignificación para laborar y trabajar por nuestras comunidades”, expresó Sherly Miranda, beneficiaria de la reubicación a un predio en acción liderada por la Agencia Nacional de Tierras.
La Agencia Nacional de Tierras detalló que los terrenos corresponden a 11 predios que eran de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que fueron adquiridos por la agencia para ser entregados a campesinos. La mayoría estuvo en poder de los condenados Daniel Rondón Herrera, ‘Don Mario’; Camilo Torres, ‘Fritanga’ y el exsenador Musa Besaile Fayad.
Así fueron entregados:
- Planeta Rica: tres predios de 31, 55 y 26 hectáreas que fueron entregados a la Asociación de Productores Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello. Dos predios de 26 y 35 hectáreas pasaron a la Asociación de Productores Manos Campesinas.
- Cereté: dos bienes rurales de 105 y 83 hectáreas fueron entregados a las organizaciones campesinas Apacis, Asoparcer y Asopico.
- Sahagún: fue recuperado un predio de 50 hectáreas que entregaron a la Asociación de Campesinos Productores de La Lucha (Ascaprolu).
- Buenavista: un predio de 101 hectáreas entregado a la Asociación de Mujeres Campesinas de Costa Rica, un predio de 91 hectáreas destinado a la Asociación de Productores y Comercializadores Piscícolas, Agropecuarios, Artesanales y Conservadores del medio ambiente.
En ese contexto, el director Juan Felipe Harman, acompañado de la fuerza Pública y de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), lideró las labores de remoción de jarillones en el Humedal Berlín que obstruían el flujo natural del agua en Montería y contribuyeron a agravar las inundaciones en una de las márgenes de la ciudad. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del decreto de emergencia económica para atender la crisis en Córdoba.
“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien dijo que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito: restablecer su conectividad hídrica.
Trabajo reforzado con las comunidades en Córdoba
En el marco de la estrategia Misión Córdoba, la ANT reportó que hubo asambleas campesinas y étnicas en Momil, Cotorra, Ciénaga de Oro, Cereté y Lorica, las cuales tuvieron el propósito de fortalecer el trabajo articulado con las comunidades.
“Logramos constituir comités populares de seguimiento que tendrán la misión de empoderar a las comunidades campesinas, darles voz y acompañar las acciones institucionales en la Ciénaga Grande, un territorio que históricamente ha sido despojado. Incluso se perdió su cartografía, por lo que fue necesario reconstruir la de 1988 para avanzar en su recuperación y en la protección de los espacios vitales del agua y de la cultura anfibia de la región. Córdoba no está sola, seguimos trabajando”, enfatizó el director Juan Felipe Harman.
Ruedas de negocios y la apuesta del Gobierno Nacional
De igual forma, la ANT señaló que se llevaron a cabo ruedas de negocios en Ciénaga de Oro y Lorica con el propósito de avanzar en el estudio para la compra de más de 1.000 hectáreas productivas que serán destinadas a la atención de las familias afectadas por las inundaciones.
Este proceso marcará un precedente importante para la lucha por el agua y el territorio, pues muchas familias que lo perdieron todo por la emergencia climática podrán reconstruir sus proyectos como comunidades anfibias.
La ANT concluyó reportando una cifra de 45.000 hectáreas de tierra entregadas en Córdoba a familias víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas y poblaciones afectadas por distintas crisis sociales y ambientales.
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