Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que la conmemoración de la Batalla de Boyacá se llevará a Leticia como un acto de soberanía nacional, hablando de la disputa por la pequeña isla de Santa Rosa, en el Amazonas, el Gobierno peruano respondió e hizo lo que el presidente quería: le compró una pelea.
(Vea también: Petro evita protestas llevando Batalla de Boyacá a Leticia y señala a Perú de “violar soberanía”)
“El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia con relación a los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente el Perú de manera pública y permanente hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional”, escribió en un comunicado.
Allí, además, expuso las razones por las que ellos consideran, el presidente Petro y el Gobierno colombiano está cometiendo un error. Este fue el comunicado completo:
📄Comunicado Oficial 032-25: El Gobierno peruano expresa su protesta por declaraciones del Gobierno de Colombia sobre integridad territorial del Perú.
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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 5, 2025
El reciente establecimiento del distrito Santa Rosa en la región amazónica ubicada entre Perú y Colombia, ha despertado un airado debate en ambos países, amenazando incluso con desembocar en una crisis diplomática.
Qué dijo Petro sobre la isla Santa Rosa
Gustavo Petro, presidente colombiano, denunció que esta acción supone un robo de territorio a manos del país vecino, ya que, según él, infringe el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 que delimitó la frontera entre las dos naciones en la línea continua más profunda del río Amazonas, poniendo fin a la guerra que los enfrentó durante la década de los 30.
Según sus argumentos, Perú se habría apropiado de islas surgidas tras la suscripción de aquel tratado, que estableció la frontera internacional. Esas islas conforman lo que hoy es el distrito de Santa Rosa, el cual pone en jaque a la ciudad de Leticia, en Colombia, debido a su relevancia como puerto en la Amazonía. “Santa Rosa pone en riesgo la función económica y comercial de Leticia” argumentó Petro.
Por otra parte, el gobierno peruano ha arremetido con inusitada fuerza ante estas declaraciones, calificándolas de “inaceptables”. La Cancillería de este país insiste en que la isla en cuestión se encuentra al oeste de la frontera delimitada en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922 y el Protocolo de Amistad de 1934, y, por tanto, pertenece al territorio peruano. Según esta argumentación, la soberanía de Perú sobre el distrito de Santa Rosa estaría respaldada por el derecho internacional y tratados bilaterales vigentes.
En Perú qué dicen sobre la isla Santa Rosa
Esta ardua disputa territorial ha provocado diferencias entre las autoridades en ambos países. En Perú, por ejemplo, el congresista Alejandro Muñante criticó al presidente Petro, afirmando que sus acusaciones eran una estrategia para desviar la atención de los problemas internos en Colombia y destacando que “la presencia estatal peruana en la región fronteriza, aunque limitada, es legítima”.
En este punto, la cuestión se convierte en un verdadero rompecabezas diplomático, ya que Colombia sostiene que la isla Santa Rosa emergió posteriormente a los acuerdos de delimitación territorial y que su estatus debería revisarse con la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana.
No obstante, Perú defiende que su soberanía sobre dicho territorio no es debatible, fundamentándose en la administración efectiva y en la jurisdicción estatal que ha ejercido durante años sin objeciones previas o controversias formalmente iniciadas.
El conflicto de Santa Rosa se anida, en última instancia, en las diferentes interpretaciones de la soberanía territorial que hace cada país. Por un lado, las autoridades colombianas acusan a Perú de usurpar ilegítimamente su territorio; por otro lado, Perú se aferra a su soberanía, sustentada en tratados históricos, en la posesión efectiva y en el ejercicio de su jurisdicción estatal.
La pugna ha escalado hasta el ámbito diplomático, generando protestas oficiales, acusaciones cruzadas y llamados a la intervención de entidades bilaterales, sin embargo, la controversia parece lejos de resolverse, amenazando con la relación fronteriza y el buen clima de cooperación binacional.
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