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Durante la última semana, el Valle del Cauca ha sido escenario de una inquietante oleada de secuestros, con siete casos registrados en un periodo menor a siete días. Estos hechos, lejos de constituir incidentes independientes, revelan una preocupante tendencia al resurgimiento del secuestro como fenómeno delictivo en la región. Según información recopilada en el Diario Occidente, el secuestro de una comerciante en Jamundí —quien ya fue liberada—, el rapto de cuatro jóvenes en el mismo municipio atribuido a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y la privación de la libertad de dos personas en Buenaventura, presuntamente a manos del grupo conocido como los “Shotas”, han configurado un patrón que enciende las alarmas de autoridades y ciudadanía.
Lo más preocupante de esta secuencia de sucesos es lo que representan en términos de dinámica criminal: el posible regreso del secuestro extorsivo como una práctica habitual. En décadas pasadas, especialmente durante los años noventa y principios del dos mil, este delito causó profundo dolor en el país, marcando generaciones y consolidando la figura de víctima como mercancía intercambiable entre los actores armados ilegales.
Las cifras nacionales refuerzan la magnitud del problema. Datos proporcionados por el Ministerio de Defensa muestran que en 2025 se han documentado 559 casos de secuestro, en contraste con los 313 registrados en 2024. Este aumento, que bordea el 80%, no puede ser entendido sin considerar el entorno en el que se encuentran las organizaciones criminales. No se trata solo de números, sino de un reflejo del impacto que los contextos políticos y de seguridad actuales tienen en la cotidianidad de los territorios.
Un aspecto especialmente contradictorio es la participación en estos delitos de estructuras que, al mismo tiempo, se encuentran involucradas en negociaciones con el Gobierno nacional. Incluso cabecillas que ostentan el título de “gestores de paz”—figura destinada, en principio, a propiciar el diálogo—, ven en este mecanismo no solo una oportunidad de interlocución, sino a veces un manto de protección ante graves acusaciones. Este punto, subraya la incertidumbre respecto al verdadero alcance de los acuerdos y la percepción de privilegios que ello implica.
En consecuencia, la política de “paz total” promovida por el Gobierno se enfrenta a una inevitable revisión. Mientras se mantienen abiertos los canales de conversación con grupos armados ilegales, persiste entre la población la impresión de que la presión institucional disminuye, facilitando la expansión de delitos como el secuestro. Este panorama exige un rechazo absoluto frente a cualquier justificación de la privación de libertad, que bajo ninguna circunstancia puede ser legitimada ni aceptada como parte de estrategias de negociación.
La respuesta estatal debe ser decidida: la persecución legal contra los responsables no puede admitir excepciones. Además, el contexto actual plantea un desafío claro para quienes aspiran a la presidencia del país, quienes deben mostrar compromiso y claridad frente a la lucha contra el secuestro, sin permitir ambigüedades o concesiones.
¿Qué significa “paz total” en el contexto colombiano?
El término “paz total” ha sido utilizado por el Gobierno nacional para referirse a una política que busca entablar diálogos simultáneos con los diferentes grupos armados ilegales en Colombia. Esto incluye tanto guerrillas, como bandas delincuenciales, y se propone abarcar negociaciones amplias orientadas a la terminación definitiva del conflicto armado. La utilización de este concepto ha generado debates, ya que mientras algunos lo interpretan como una puerta hacia la pacificación integral del país, otros critican que dicha política pueda traducirse en concesiones excesivas o privilegios indebidos para actores responsables de delitos graves como el secuestro.
En la práctica, la implementación de la “paz total” impone enormes retos, pues requiere mantener el equilibrio entre la búsqueda del diálogo y la garantía de justicia para las víctimas. Los recientes aumentos en casos de secuestro vuelven a poner en la mira la necesidad de definir claramente los límites y condiciones de este enfoque, de modo que la búsqueda de la paz no conduzca a la impunidad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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