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La Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá anunció que abrió una indagación disciplinaria contra Julián Caicedo Cano –pareja sentimental del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa– por presuntas irregularidades en la celebración de contratos.
El Ministerio Público, quien le formuló cargos a Daniel Quintero, señala que Caicedo habría incurrido en la presunta transgresión al régimen de inhabilidades tras haber sido nombrado asesor de la dirección General de la planta global del Instituto Nacional de Vías (Invías), según informó El Tiempo.
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El origen de esta indagación radica en que Caicedo ejecutó un contrato por prestación de servicios con la Universidad Pascual Bravo en Medellín (pública) mientras se desempeñaba como funcionario del Invías.
El día 7 de junio pusimos en conocimiento de la @PGN_COL queja sobre el señor Julián Caicedo, quién es pareja del actual Presidente de @ECOPETROL_SA y múltiple contratista
Hoy la Procuraduría abre indagación a estos personajes que creen pueden hacer lo que les venga en gana. pic.twitter.com/RSHrXGZk3U
— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) December 20, 2023
Estos hechos fueron revelados por el portal La Silla Vacía, en los que señalaron que aceptó el nombramiento en la entidad nacional, pero siguió celebrando el contrato con la universidad a pesar de que debió haber pedido el fin de dicho contrato, ya que es prohibido por la ley que un funcionario público celebre contratos con el Estado.
En ese sentido, al haber realizado las dos actividades laborales al tiempo pudo haber incurrido en una falta disciplinaria.
En la orden de abrir indagación del ente de control se señala que hubo un “presunto incumplimiento de las funciones misionales a cargo del señor Carlos Julián Caicedo Cano (…) al observarse que paralelamente al tiempo en que debía cumplir con estas, aparecen fotos de múltiples viajes nacionales e internacionales en la plataforma social Instagram”.
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El contrato que firmó Caicedo con la universidad tuvo un valor total fue de $ 25.995.424, con un pago mensual de $ 6.9 millones, tenía un plazo de ejecución de 113 días y el objeto era “realizar acompañamiento estratégico” en un contrato interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Pascual Bravo.
Esta decisión llega en medio de los cuestionamientos que han caído sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por cuenta de un apartamento en una zona exclusiva del norte de Bogotá que compró al petrolero colombo-italiano, Serafino Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales.
Pulzo complementa
La Junta Directiva de Ecopetrol deberá evaluar si el presidente de la empresa, Ricardo Roa, ha incurrido en conflicto de interés al supuestamente realizar negocios con el empresario mencionado anteriormente. Roa adquirió un lujoso apartamento en Bogotá por 1.800 millones de pesos, cuatro meses antes de asumir la presidencia de Ecopetrol. La vivienda fue comprada a la compañía Princeton International Holdings LTD, con una filial en Colombia registrada a nombre de Iacono. Este empresario posee el 72 % del bloque de gas SN-9 (Sinú 9) en Córdoba, por el cual Hocol, filial de Ecopetrol, ha mostrado interés.
Ante la posibilidad de conflicto de interés, el presidente Roa deberá apartarse de la evaluación, discusión y decisión sobre cualquier negocio relacionado con dicho bloque, según el instructivo de Ecopetrol. Roa niega conocer a Iacono y asegura que no aparece como representante legal en la escritura. Aunque se defiende, la Junta Directiva deberá determinar si se configura el conflicto y aplicar sanciones en caso de incumplimiento del instructivo. La situación se presenta en un contexto en el que Ecopetrol anunció una inversión de 27 billones de pesos y redujo sus resultados financieros para el tercer trimestre del año.
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