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Para nadie es un secreto que los apartamentos cercanos al Parque de las 93, en Bogotá, pueden ser algunos de los más costosos del país. Allí, justo en la calle 92, en un noveno piso, tiene su vivienda el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El lugar tiene 300 metros cuadrados, tres terrazas, balcones, habitaciones con baño privado y seis garajes.
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Hay dos curiosidades: la primera es que este tremendo apartamento le salió en 1.800 millones de pesos, cuando el avalúo supera los 4.000 millones de pesos; la segunda es que el vendedor fue Laureano Jan Siegmund Vallenilla, quien representa a la firma Princeton International Holdings Ltda, que tiene sus orígenes en las Islas Vírgenes Británicas, y quien al parecer terminó beneficiándose de la llegada de Roa a Ecopetrol.
No es necesario hacer una cuenta matemática para concluir que el negocio del apartamento fue un gol para Roa, cuya historia publicó el diario El Tiempo. Todo el asunto del apartamento tiene envuelto al presidente de Ecopetrol en un nuevo escándalo y un posible conflicto de interés.
El asunto es así: Roa compró el apartamento el 7 de diciembre de 2022, cuatro meses antes de llegar a la presidencia de Ecopetrol, aunque todo el mundo sabía que ocuparía esa silla. La polémica es que detrás de Princeton International Holdings Ltd. —la que le vendió el apartamento— está un importante empresario del sector petrolero, Serafino Iacono.
Lo más preocupante es que este personaje está además vinculado a un ambicioso proyecto en el que Ecopetrol ha mostrado interés e incluso ya tienen un acuerdo de confidencialidad para evaluar un trato gasífero en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba.
Para ser más específicos, cuando el nombre de Roa era el más opcionado entre el sonajero para dirigir la petrolera de mayoría estatal, la empresa NG Energy International Corporation, en la que figura Iacono como CEO, firmó con Hocol, filial de Ecopetrol, ese acuerdo para explorar negocios de gas en el proyecto Sinú 9. Esto sucedió el pasado 20 de abril, a cuatro días de la posesión de Roa como presidente de la petrolera y genera mayor inquietud teniendo en cuenta la posición del presidente Petro de no explorar más combustible de este tipo en Colombia.
Si bien al momento del gangazo Roa no había llegado a la empresa, y él mismo le aclaró a El Tiempo que no guarda ningún tipo de relación con Iacono o con el acuerdo entre Ecopetrol y Sinú 9, la junta directiva anunció que se encargaría de estudiar si hay conflicto de interés ante el escándalo por la compra del inmueble mencionado.
En caso de que la Junta, donde también tiene asiento Roa, determine que sí se configura el conflicto, entonces apartará al administrador del asunto; además podría recibir charlas éticas, terminación anticipada de contrato laboral, inhabilidad para funciones públicas, suspensiones, multas, sanciones y hasta prisión.
Negocios cercanos a Medellín
Ahora bien, parece que las inversiones de Ricardo Roa van más allá del apartamento cercano al parque de la 93; también tiene otros seis inmuebles parecidos y una finca, según reveló el periodista Daniel Coronel. Y en uno de esos apartamentos, exactamente en uno que está ubicado en inmediaciones de la avenida Pepe Sierra de la capital, vive el empresario catalán Manuel Grau Pujadas, quien ha sido bastante nombrado por ser cercano a la familia presidencial —Gustavo Petro y Verónica Alcocer— y quien logró la nacionalidad colombiana en tiempo récord durante este gobierno.
Gray Pujadas es, además de amigo de Roa y de la familia presidencial, socio accionista de Themac Colombia, firma adjudicataria del contrato para el uso de la flota vehicular con sistema de cargue lateral de basuras, en Emvarias de Medellín. Se trata de un polémico negocio al que habría llegado gracias al exalcalde Daniel Quintero, por valor de $ 179.000 millones y que está congelado por líos legales.
De acuerdo con el expediente de Themac Colombia, el propietario del 45 % de la firma es Texom Limited, a través de Themac Andina, que figura como socia de la filial colombiana, a nombre del italiano Fabio Masciliano.
Según su pasaporte, Masciliano es residente en Santiago de Chile y trabaja en diferentes contrataciones del sector público en Uruguay y Ecuador. La filial ecuatoriana, Themac Andina, hacía parte de la crisis sanitaria que se produjo en Quito debido a fallas en el mantenimiento e incumplimientos en los contratos, que produjo sobrecostos y una deuda de 6,4 millones de dólares para la Empresa Pública de Aseo EMASEO. El Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador sancionó a la firma por declarar información errónea para la adjudicación de un contrato, además de darle una suspensión de 60 días en la participación de procesos de contratación.
Volvamos a la adjudicación del contrato en Medellín. Aunque Themac Colombia está matriculada desde 2017 en el país, en 2022 reportó cero pesos en activos e ingresos. Para este año, reportó $ 5.900 millones de ingresos y $ 3.100 millones en activos provenientes del sector privado. No obstante, en el Secop no hay información de la propuesta de Themac, tampoco acta de adjudicación ni toda la documentación que obliga la ley. Tan solo hay un leve comunicado que indica que Themac Colombia “aceptó la oferta para ejecutar el contrato del asunto”. Oferta que no ha sido publicada.
De acuerdo con el Secop, el contrato inició el 15 de septiembre, pero Emvarias le envió un comunicado a EL COLOMBIANO diciendo que “para este caso particular se decidió elaborar una Minuta de Contrato, en atención a una recomendación de la Procuraduría General de la Nación”. Es decir, que aún no se ha firmado el cuantioso contrato con el catalán cercano al presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer.
Serán las autoridades las que terminen de mostrar cuáles son los intereses de Roa con sus amigos, tanto el italiano como el catalán, quienes tienen negocios con firmas públicas.
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Los contratos del novio de Ricardo Roa
Julián Caicedo Cano, pareja sentimental de Roa, ya tiene una investigación disciplinaria en la Procuraduría luego del escándalo de los beneficios por sus contratos con Invías y con la IU Pascual Bravo.
Sobre este último convenio, EL COLOMBIANO revisó los documentos del proceso y encontró que el valor total fue de $ 25.995.424, con un pago mensual de $ 6,9 millones, tenía un plazo de ejecución de 113 días y el objeto era “realizar acompañamiento estratégico” en un contrato interadministrativo. Eso dejó varios interrogantes al tratarse de un contrato denominado “corbata” porque se pagan los servicios sin ser ejecutados, modalidad frecuente durante la alcaldía de Daniel Quin
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